Los padres de las víctimas del Madrid Arena, indignados con el fiscal
Los familiares consideran especialmente baja la solicitud de solo cuatro años de prisión para el promotor de la fiesta
El fiscal del caso Madrid Arena ha pedido para Flores cuatro años de prisión como supuesto autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave. En la fiesta también resultaron heridas otras 30 personas. El ministerio público solicita tres años de cárcel para cada uno de los otros 11 acusados por los mismos delitos. Eran los responsables del control de acceso y la seguridad del evento. Para los dos médicos de la fiesta, los doctores Simón y Carlos Viñals, que prestaron los primeros auxilios a tres de las víctimas, pide dos años y seis meses de cárcel por la presunta comisión de tres delit...
El fiscal del caso Madrid Arena ha pedido para Flores cuatro años de prisión como supuesto autor de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave. En la fiesta también resultaron heridas otras 30 personas. El ministerio público solicita tres años de cárcel para cada uno de los otros 11 acusados por los mismos delitos. Eran los responsables del control de acceso y la seguridad del evento. Para los dos médicos de la fiesta, los doctores Simón y Carlos Viñals, que prestaron los primeros auxilios a tres de las víctimas, pide dos años y seis meses de cárcel por la presunta comisión de tres delitos de homicidio por imprudencia grave.
Los familiares de las víctimas del Madrid Arena emitieron ayer, a través de sus abogados, un comunicado en el que se muestran en contra del escrito de acusación de la fiscalía “al no tener en consideración la gravedad efectiva de los hechos, las penas solicitadas, las acusaciones omitidas y las responsabilidades pedidas”. El ministerio público ha pedido una responsabilidad civil de 174.000 euros para los padres de las fallecidas y de 164.500 para cada uno de los hermanos.
También les ha molestado que no se planteara acusación contra algunos procesados por el juez que ha instruido el caso, Eduardo López-Palop, en especial contra el entonces jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El ministerio público siempre ha defendido su inocencia y ha apoyado el recurso de este funcionario ante la Audiencia Provincial.
Los padres creen que la fiscalía ha vulnerado las funciones recogidas en su estatuto al “no velar por la protección procesal de las víctimas” y al “no defender la legalidad, la independencia de los tribunales y procurar la satisfacción del interés social”.