Díaz asegura que la regularización de viviendas es un caso de “justicia social”

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha admitido hoy su sorpresa por el rechazo de IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, a la regularización de 25.000 viviendas ilegales, pero ha defendido la medida con el argumento de que se trata de una "cuestión de justicia social". El Parlamento aprobó la pasada semana, con la oposición de IU y la abstención del PP, la propuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para...

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha admitido hoy su sorpresa por el rechazo de IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, a la regularización de 25.000 viviendas ilegales, pero ha defendido la medida con el argumento de que se trata de una "cuestión de justicia social". El Parlamento aprobó la pasada semana, con la oposición de IU y la abstención del PP, la propuesta de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Efe, la dirigente socialista ha manifestado que le sorprendió la posición de IU en este asunto. "No habíamos tenido ningún tipo de discrepancia", manifestó. También apuntó que "hay gente que ha utilizado este tema por ignorancia o por malicia".

La jefa del Ejecutivo andaluz ha defendido la modificación legal para llevar a cabo algo que es "de justicia social", ya que existe un "problema real" de ciudadanos que viven con la incertidumbre de que se les puede derribar su vivienda.

"Dentro del marco de la ley hay entre 20.000 a 25.000 casas a las que tenemos que dar respuesta. Es una demanda de los alcaldes de todos los colores políticos, de todos los partidos y ciudadanos que tienen la inseguridad de que va a pasar con su viviendas", ha explicado.

Díaz ha querido aclarar que se trata de "regularizar no de legalizar" esas viviendas, lo que permitirá a miles de familias acceder al agua o la luz, y ha recordado que "no se trata de dar café para todos".

"Lo que no se puede dar es carta de naturaleza a gente que ha hecho las cosas mal, a gente que ha especulado y que ha construido donde no debía a sabiendas de que no debía. A esos promotores no se le puede dar coartada", ha apostillado.

La presidenta ha explicado que el objetivo es modificar el artículo 185 de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar una solución a esas viviendas y que se hará dentro del marco de la ley, respetando aquellas cuestiones que son lógicamente fundamentales y que, en modo alguno, se pueden regularizar, como que no se puede construir en suelo inundable, que hay casas que tienen ya expedientes de derribo, y que hay otras viviendas que están en zonas protegidas.

Réplica de IU

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, replicó pidiendo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que aclare "qué afectación" tendría la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar una solución a las casi 25.000 viviendas alegales que hay en la comunidad.

Maíllo ha informado de que se ha creado un grupo de trabajo conformado por responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda (dirigida por Elena Cortés, de IU) y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (liderada por María Jesús Serrano, del PSOE-A) para abordar esta decisión.

"Este asunto no está en el acuerdo programático firmado por ambas formaciones y para el que se hace necesario, por tanto, una negociación porque, de lo contrario, no habrá "acuerdo", ha advertido.

A su juicio, el cambio normativo debe abordarse con "cautela para evitar crear expectativas que luego no se puedan cumplir", por lo que ha reclamado a Díaz que "aclare cuál es la afectación" del anuncio que ha realizado y "sobre qué condiciones".

Después de negar que se trate de una "amnistía" para este tipo de viviendas, Maíllo ha justificado el rechazo de su grupo parlamentario a la medida en idea de que "no disponía de información suficiente" sobre el anuncio realizado por la presidenta de la Junta.