La Generalitat, “administradora de hecho” de la compañía

El juez considera que la condición de la empresa pública Avançsa, dependiente de la Generalitat, como “administrador de hecho” de la compañía no debe ser una cuestión “controvertida”, puesto que indica que lo fue desde que se otorgó el primer préstamo participativo en mayo de 2011. Según el auto, las declaraciones de los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell; Empresa y Empleo, Felip Puig, y del secretario general de Economía, Albert Carreras, así lo pus...

El juez considera que la condición de la empresa pública Avançsa, dependiente de la Generalitat, como “administrador de hecho” de la compañía no debe ser una cuestión “controvertida”, puesto que indica que lo fue desde que se otorgó el primer préstamo participativo en mayo de 2011. Según el auto, las declaraciones de los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell; Empresa y Empleo, Felip Puig, y del secretario general de Economía, Albert Carreras, así lo pusieron de manifiesto. Sobre este último, el juez afirma que “el testigo declaró como el representante de un verdadero administrador de hecho, conociendo todos los detalles de la actividad de Spanair y hablando en primera persona”. “El interés general de la Generalitat y el particular de Spanair eran compatibles, ya que confluían hacia la creación de una compañía aérea rentable. Las sinergias eran claras”, declaró Mas-Colell.

El juez recuerda, además, que hubo “reuniones periódicas muy frecuentes” en el Palau de la Generalitat entre los miembros del consejo y los del Ejecutivo catalán, que se produjo una inversión pública “constante y recurrente”, que se seguía el destino de todas las aportaciones y que desde la plaza de Sant Jaume de Barcelona se llevó a cabo el “pilotaje, control y dirección” de las negociaciones con Qatar Airways.

Ya en febrero de 2012, el portavoz del Gobierno Francesc Homs justificó un crédito de la siguiente manera: “Nos hemos encontrado en una situación en la que o la Generalitat actúa ahora o Spanair cae”. El propio Ferran Soriano decía ante el juez el pasado mes de julio que “la Administración pública financiaba este negocio porque era de interés estratégico”.