La ley de movilidad aspira a reducir el uso del transporte privado
Los promotores contribuirán a pagar las carreteras que se deriven de sus obras
La futura Ley de Movilidad Sostenible da sus primeros pasos con una cifra en el horizonte a derrotar: el 61% de los desplazamientos diarios en las nueve áreas metropolitanas de Andalucía se realiza en coche o en moto. El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de esta normativa cuyo principal objetivo es “incrementar el uso del transporte público y de los medios no motorizados para conseguir que los desplazamientos de los andaluces tengan el menor impacto medioambiental posibl...
La futura Ley de Movilidad Sostenible da sus primeros pasos con una cifra en el horizonte a derrotar: el 61% de los desplazamientos diarios en las nueve áreas metropolitanas de Andalucía se realiza en coche o en moto. El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de esta normativa cuyo principal objetivo es “incrementar el uso del transporte público y de los medios no motorizados para conseguir que los desplazamientos de los andaluces tengan el menor impacto medioambiental posible”, en palabras de la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU). Y para muestra, las cifras: sólo el 6,8% de los andaluces se desplaza en autobús y el 1,4% en bicicleta frente a una media europea del 20% y 6%, respectivamente.
Según la consejera, el texto “establece medidas para racionalizar las inversiones en infraestructuras supenditándolas a criterios de ahorro y eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental”. A la hora de proyectar una nueva infraestructura del transporte (una carretera o una vía ciclista), Cortés ha señalado que no sólo se tendrá en cuenta su viabilidad en función de su coste y demanda sino también sus “costes externos” (contaminación atmosférica y acústica, repercusiones en la salud pública y accidentalidad, entre otros factores). Estos requisitos, ha precisado Cortés, deberán quedar reflejados en los proyectos. La consejera ha recordado que esta normativa es un compromiso “ineludible” plasmado en el pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida.
El texto —que se enviará al Parlamento el próximo año— contempla que los promotores deberán contribuir a pagar los gastos de estas infraestructuras “si su proyecto genera nuevas necesidades de movilidad” en esa zona. “Es decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva carretera, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla”, ha explicado la consejera antes de señalar que el porcentaje a abonar se establecerá reglamentariamente. La titular de Fomento ha reiterado que con esta normativa Andalucía se convierte en “la primera comunidad autónoma que da un tratamiento legal y específico a la movilidad sostenible”. “Vamos a abrir el camino hacia un nuevo modelo de ciudad”, ha reconocido.
La norma persigue incrementar el uso del transporte público y la bicicleta
La futura ley —formada por cuatro planes— recoge el diseño de toda la planificación de la movilidad a escala autonómica, territorial y urbana. Así, por ejemplo, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán presentar a la consejería una planificación urbana que incluya, entre otros aspectos, el trazado de plataformas reservadas para el transporte público, caminos escolares seguros y vías ciclistas. Asimismo, estarán obligados a identificar y dotar de planes específicos de movilidad a puntos de la ciudad como zonas de trabajo con 200 o más empleados, centros educativos, polígonos industriales, parques empresariales, hospitales o centros de ocio (los bautizados como “centros generadores de movilidad sostenible”). Para ello, los Consistorios tendrán un año para hacerlo.
El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Sobre este último punto, Cortés ha anunciado que los edificios de uso residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos “específicos, seguros y resguardados” para un mínimo de dos bicis por vivienda. Asimismo, los transportes públicos deberán disponer de espacios habilitados para estos vehículos. Preguntada por la posibilidad de incluir en la normativa una rebaja de impuestos para aquellas personas que vayan a trabajar en bicicleta, Cortés se ha limitado a indicar que se ha elaborado el anteproyecto que su departamento quiere remitir a la Cámara andaluza.
Tras apuntar que el documento recoge un plan para la renovación progresiva del parque móvil de la Junta, la responsable ha señalado que también contempla el Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística, cuya creación fue aprobada también ayer y que “facilitará la participación social y generará conocimiento y soporte técnico para las políticas del Ejecutivo andaluz en la materia”.
En cuanto al transporte de mercancías, el texto recoge que la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el intercambio modal.