Una juez investiga ayudas a la formación por 5 millones de euros

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, investiga desde finales de 2013 al empresario José Sivianes, dueño de la firma Formación Integral para el Empleo, por los 5,6 millones en ayudas públicas para cursos de formación que recibió en cuatro años (2008-2011). Las pesquisas se iniciaron el pasado septiembre cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Udyco de la policía de Sevilla informó a la fiscalía de una supuesta trama de subvenciones y blanqueo de capitales, avanzó este domingo...

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, investiga desde finales de 2013 al empresario José Sivianes, dueño de la firma Formación Integral para el Empleo, por los 5,6 millones en ayudas públicas para cursos de formación que recibió en cuatro años (2008-2011). Las pesquisas se iniciaron el pasado septiembre cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Udyco de la policía de Sevilla informó a la fiscalía de una supuesta trama de subvenciones y blanqueo de capitales, avanzó este domingo Diario de Sevilla.

El ministerio público abrió entonces unas diligencias pero estas se cruzaron con las indagaciones de la Agencia Tributaria, que ya estaba desarrollando la Operación Hytaca junto a la unidad de la Inspección Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva, por lo que finalmente la investigación recayó en este último grupo. De las pesquisas se dedujo un supuesto fraude a Hacienda por 1,1 millones de euros en dos años por haber falseado “de manera sustancial” los gastos, para minorar notablemente el importe de la cuota a pagar tanto en el impuesto de sociedades como el IRPF. El empresario había sobrevalorado supuestamente costes por los pagos a los profesores de los cursos de formación y elaborado facturas falsas.

Las horas lectivas que obtuvo por 11 euros las pagaba sin lógica a 80 euros

El caso acumula otros cinco imputados, señalados como testaferros de Sivianes por la investigación, y que estaban incluidos en el régimen de módulos y eran los encargados de contratar a los profesores, para a continuación facturar a Formación Integral para el Empleo.

La Agencia Tributaria subraya cómo el empresario Sivianes “dirige y coordina a una serie de personas incluidas en el régimen de módulos” y que facturan por importes que rondan los 450.000 euros por haber cedido los profesores. La relación de retribución y facturación establecida en este caso oscila “entre cinco y diez veces” más del precio que estipula el mercado. Los agentes subrayan la incongruencia del nulo beneficio empresarial que le resultaba a la supuesta trama: “Unas horas lectivas que José Sivianes puede obtener por 11 euros/hora, las está pagando a 80 euros/hora”.

Formación Integral para el Empleo realizó dos operaciones de ampliación de capital en 2012 y 2013, a la que acudieron precisamente los supuestos empresarios que cedían los profesores para los cursos. Si en la primera ampliación figuran tres personas que suscribieron 200.000 euros cada una y las participaciones volvieron a José Sivianes dos semanas más tarde tras entregarles pagarés a cambio de las acciones. La misma operativa se repite en la segunda ampliación de hace un año y medio.

Junto al empresario están imputados cinco testaferros de sus sociedades

Las operaciones “están fuera de toda lógica financiera y comercial”, subrayan los investigadores en un informe. Los suscriptores cambian liquidez por importe de 566.991 euros por una “promesa de pago a más de cuatro años vista”.

Mientras, el empresario utilizó para justificar las subvenciones con facturas falsas de dos sociedades, Vicafer Getión y Bio Oil Doñana, que operan en el sector del aceite para mayoristas. Sin embargo, las facturas están vinculadas a actividades para centros de impartición de cursos de formación sobre el alquiler de ordenadores y material de oficina. A pesar de las acusaciones de la instrucción, el empresario ha defendido ante la juez que solo amplió el capital de sus entidades por motivos “puramente económicos” y porque la Junta de Andalucía “no pagaba”. “Si no sigues dando la formación tienes que devolver todo el dinero anterior que te han dado”, alegó. El empresario imputado argumentó ante la instructora que la Junta estipulaba el precio de los cursos y que eran examinados por un auditor externo y por esta razón no eran excesivos.