Los acusados por la muerte de la familia de Alcalá admiten irregularidades

Los imputados señalan que en el reciclaje de los botes “se rompió la cadena de custodia"

Domicilio en el que residían las víctimas, en Alcalá (Sevilla). Paco Puentes

Los imputados por la muerte por intoxicación de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han reconocido ante la juez que en el reciclaje de los botes de plaguicida, hallados en la vivienda de las víctimas, “se rompió la cadena de custodia y fallaron los mecanismos de control”. La juez les acusa de presuntos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra el medio ambiente. Las víctimas (el matrimonio y una hija de 14 años) murieron el 14 de diciembre, según el Insti...

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Los imputados por la muerte por intoxicación de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han reconocido ante la juez que en el reciclaje de los botes de plaguicida, hallados en la vivienda de las víctimas, “se rompió la cadena de custodia y fallaron los mecanismos de control”. La juez les acusa de presuntos delitos de homicidio por imprudencia y un delito contra el medio ambiente. Las víctimas (el matrimonio y una hija de 14 años) murieron el 14 de diciembre, según el Instituto Nacional de Toxicología, debido a una intoxicación accidental tras inhalar la fosfina del plaguicida, presente en los tapones que el padre recogía.

Según las declaraciones del representante legal y de un trabajador de la empresa de gestión de residuos Alansu; y del responsable de la chatarrería Reciclados Nivel, Alansu vendió al dueño de la chatarrería una tonelada de envases por 308 euros, “en lugar de desintoxicarlos de plaguicida o eliminarlos a través de un gestor final autorizado”, informa Efe. A su vez, el responsable de Reciclados Nivel entregó los tapones de los recipientes al padre de la familia, quien los almacenó en su cuarto de baño para, también, venderlos al peso.

El dueño de la chatarrería ha reconocido ante la magistrada que creía que los envases que compró a Alansu eran de aluminio y que desconocía “que eran tóxicos o que estuvieran contaminados”. Según los imputados, Alansu y Reciclados Nivel no mantenían una relación comercial habitual y que solo en otra ocasión la chatarrería le había comprado productos.

Tras comprar los tapones de los envases, el padre de la familia los almacenó en su cuarto de baño. Según los análisis, al contacto con la humedad, su contenido en fosfuro de aluminio se transformó en fosfina, un gas muy letal por inhalación, que causaría la muerte de Enrique Caño, de 61 años, su esposa, Concepción Bautista, de 50, y su hija mayor, de 14 años.

En la causa, también está imputada la exgerente de la empresa de gestión de residuos, quien no ha acudido al juzgado a declarar tras haber recurrido su acusación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. En la causa están personados como acusación particular tanto una hija de 13 años del matrimonio fallecido como sus tíos.

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