La línea maldita

Fue en 1999 cuando las Administraciones que configuran la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) decidieron impulsar una nueva línea de metro que uniera Santa Coloma de Gramenet y el paseo de la Zona Franca, que luego ampliaron hasta al aeropuerto del Prat. Pero ese proyecto, uno de los más ambiciosos que se han puesto en marcha, se llegó a convertir en “el peor problema” del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en palabras del propio consejero Santi Vila. El ritmo de construcción de la línea 9 ha batido récords: en 11 años se han terminado solo 11 kilómetros de metro, a razón de ...

Fue en 1999 cuando las Administraciones que configuran la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) decidieron impulsar una nueva línea de metro que uniera Santa Coloma de Gramenet y el paseo de la Zona Franca, que luego ampliaron hasta al aeropuerto del Prat. Pero ese proyecto, uno de los más ambiciosos que se han puesto en marcha, se llegó a convertir en “el peor problema” del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en palabras del propio consejero Santi Vila. El ritmo de construcción de la línea 9 ha batido récords: en 11 años se han terminado solo 11 kilómetros de metro, a razón de un kilómetro por año. Por ahora, solo funciona el tramo entre Santa Coloma y La Sagrera.

La línea 9 se convirtió pronto en un agujero que taponaron los planes de austeridad. El primer plan de ajuste de la Generalitat, de 2009, ya recortó 100 millones en las obras de la línea 9 sobre un tijeretazo total de 900 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo catalán estaba sufragando parte del coste de la obra difiriéndolo en años venideros. Este año, por ejemplo, el Presupuesto de la Generalitat tiene consignada una partida para afrontar vencimientos por esa infraestructura. Los planes de austeridad obligaron a parar obras y a cerrar estaciones ya construidas para luego poner el desarrollo de la línea al ralentí. Pero incluso tener estaciones sin usar cuesta dinero.

Pero alrededor de estas obras, además, planea la corrupción. El caso Palau destapó, según el juez instructor, el pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya por la adjudicación de obras públicas. Los papeles hallados en el Palau de la Música apuntaban a dos infraestructuras: la Ciutat de la Justícia y la línea 9. En total, el juez determinó que Ferrovial abonó 5,1 millones de euros por en esas obras. Esa cantidad correspondía a varias comisiones del 4% que se hacían llegar bajo la apariencia de convenios de colaboración con el Palau de la Música. De estos pagos, el 2,5% iba a las arcas de Convergència. El resto, a los bolsillos de Fèlix Millet y Jordi Montull.