El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización
Arranca la causa penal por la construcción de viviendas en terreno rústico en Villanueva de Perales: 195 personas pagaron hasta 60.000 euros
El camping de Villanueva de Perales es la metáfora de unas vacaciones truncadas. El complejo turístico Mirador de Gredos, unos 100.000 metros cuadrados junto al kilómetro 26 de la carretera M-501, sigue sin licencia de actividad 17 años después de que el ayuntamiento otorgase los permisos. Los promotores acordaron con 195 personas la venta de parcelas a cambio de entre 18.000 y 60.000 euros para la instalación de viviendas prefabricadas (mobile homes), un negocio que sobrepasa los límites contemplados por la licencia. Aunque el proceso para poner en marcha el campamento sigue...
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El camping de Villanueva de Perales es la metáfora de unas vacaciones truncadas. El complejo turístico Mirador de Gredos, unos 100.000 metros cuadrados junto al kilómetro 26 de la carretera M-501, sigue sin licencia de actividad 17 años después de que el ayuntamiento otorgase los permisos. Los promotores acordaron con 195 personas la venta de parcelas a cambio de entre 18.000 y 60.000 euros para la instalación de viviendas prefabricadas (mobile homes), un negocio que sobrepasa los límites contemplados por la licencia. Aunque el proceso para poner en marcha el campamento sigue adelante, José R. de L., Juan E. M, Miguel Ángel A. P. y Juan Manuel P. E. se enfrentarán desde el próximo lunes a un proceso penal por un supuesto delito de estafa.
El ayuntamiento de Villanueva de Perales (de unos 1.5000 habitantes, cerca de Brunete) otorgó en 1997 una licencia para un campamento de turismo. “Los promotores lo transformaron en una venta de parcelas para fin de semana y el tema se acabó enquistando”, explica Lucio Rivas, asesor jurídico del consistorio. La licencia contemplaba la edificación de 29 bungalós, pero la empresa Vista de Gredos S. L. solicitó poco después que el terreno se dividiera en parcelas, idea que contó con el visto bueno municipal. “Es entonces cuando se les fue de las manos y me llamaron. Yo elaboré en abril de 2002 un informe para que se revocara ese permiso porque había una amenaza clara de que se edificaran viviendas ilegales”.
El ayuntamiento asegura que los promotores superaron los límites legales. “La licencia no permite hacer soleras de hormigón, parcelar ni instalar más bungalós de los permitidos”, explica Rivas. Una juez de Navalcarnero precintó el terreno en 2005 en base a un informe de la Guardia Civil que mencionaba la construcción de una veintena de viviendas móviles (de entre 40 y 52 metros cuadrados) y que los propietarios habían instalado soleras de hormigón para anclarlas al suelo.
Los promotores llevaron a lo contencioso-administrativo la decisión municipal de revocar el permiso para parcelar el terreno. La empresa solicitó la licencia de apertura en julio de 2003, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo negó y exigió tres condiciones: retirar las soleras de más, elaborar unos estatutos y establecer un contrato con los propietarios en los que se reflejase que adquiría una participación en un club turístico privado y no una propiedad. “Han presentado el compromiso y los estatutos. Solo falta que un arquitecto verifique que han quitado todas las soleras: la mayoría están quitadas, pero los promotores han escrito diciendo que algún propietario ha hecho lo que ha podido para impedir que quitaran la casa que habían instalado encima” explica el asesor jurídico.
El futuro del terreno se aleja del complejo residencial. Desde el lunes empieza otra batalla, la de las responsabilidades penales de los promotores, para los que la Fiscalía pide de dos a nueve años de prisión. “Al ser un tema de estafa, el proceso penal no tendría por qué paralizar la parte administrativa [la licencia]: es un conflicto entre particulares”, explica Rivas.
De los 195 afectados, apenas una decena son vecinos de Villanueva de Perales, asegura su alcalde, César Muñoz (PSOE), en el poder desde julio de 2007. “Una vez que se levante el precinto nos reuniremos con la Comunidad, los afectados y la promotora”, subraya el regidor. Casi una década después, sus ahorros siguen en el limbo. “Que el terreno lleve 10 años precintado no es bueno para ninguno. Cualquier solución será mejor que lo que hay ahora”, añade Muñoz. Las hojas del calendario llevan años pasando para ellos, la huella de meses y meses pagando la hipoteca de una casa edificada en el limbo.