El TSJ obliga a Fabra a enseñar facturas de su viaje a la final del Roland Garros
Los tribunales fallan a favor de dos recursos de Compromis ante negativas a dar información El Consell tendrá ahora que entregar a la coalición las facturas, pagadas con dinero público
La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado dos nuevas sentencias en las que estima sendos recursos de Compromís contra la negativa del Consejo a facilitar la documentación requerida por los diputados de la coalición. Entre la documentación requerida por la coalición se encuentran las facturas del viaje que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, realizó a París el año pasado para presenciar la final del Roland Garros, disputad...
La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado dos nuevas sentencias en las que estima sendos recursos de Compromís contra la negativa del Consejo a facilitar la documentación requerida por los diputados de la coalición. Entre la documentación requerida por la coalición se encuentran las facturas del viaje que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, realizó a París el año pasado para presenciar la final del Roland Garros, disputada por el tenista de Jávea (Alicante), David Ferrer.
Los jueces creen que "no es aceptable" que la Administración "impida" conocer gastos públicos
Las sentencias se fundamentan en que la negativa del Consell a entregar la documentación vulnera el artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación política. Mónica Oltra, portavoz adjunta de la formación, ha explicado en un comunicado que con estas resoluciones "ya son nueve las sentencias en contra el Gobierno valenciano por vulnerar los derechos constitucionales de los diputados de Compromís" por no cumplir con la máxima norma del ordenamiento jurídico.
Compromís pidió al Consejo que facilitara información sobre el coste del viaje de Fabra, a lo que su vicepresidente, José Ciscar, respondió asegurando que el coste del desplazamiento había sido el habitual. La Abogacía de la Generalitat se opuso al recurso de la coalición al alegar que se había proporcionado la información "con carácter esencial", mientras que el ministerio fiscal consideró que el Consejo había incumplido con su obligación de facilitar la información solicitada.
Según la sala, en cuanto que en este caso se pide conocer el importe de los gastos de un viaje de un representante político, "no es aceptable que por la administración se impida el conocimiento y acceso a la misma utilizando una fórmula retórica que no ofrece motivación alguna a dicha denegación y que en definitiva no ofrece información alguna acerca de los datos solicitados".
Así, estima que al ser el fundamento de la información pedida el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa "carente de legitimidad", la conclusión debe ser la de declarar la vulneración constitucional alegada.
Los jueces obligan también a entregar otros documentos como el informe de la insuficiencia de recursos públicos para la terapia sustitutiva renal
La resolución también obliga al Consejo a entregar a Compromís la documentación relativa a la aplicación y puesta en práctica de los distintos Manuales de autoevaluación aprobados por INACEPS y toda la documentación relativa a la reorganización del transporte sanitario urgente (SAMU y SVB) y el informe que acredita la insuficiencia de recursos públicos para la terapia sustitutiva renal, en otro de los fallos.
La diputata de Compromís, Mònica Oltra ha explicado que su partido tuvo que recurrir ante la justicia porque Alberto Fabra se negó a entregarles una copia de la documentación. "Fabra se negó a que los valencianos y valencianas supiéramos cuánto dinero público se gastó en ese viaje, lo que nos hace preguntarnos que está tratando de ocultar el president, a cuántas personas le pagamos ese viaje y con qué coste", critica Oltra.
La sentencia obliga a Fabra a poner a disposición de la formación dichas facturas, pagadas con dinero público. "Lo que es vergonzoso es que para que el gobierno cumpla sus funciones, para que Alberto Fabra cumpla con la Constitución, tenga que venir el Tribunal Superior de Justicia a decirle que tiene obligación de entregar esa documentación", ha dicho Mònica Oltra.