La juez Alaya alega que no logró localizar a Chaves ni a Griñán

La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ordenó a la Guardia Civil que se personara en el Congreso y en el Senado para que notificara a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán su preimputación en la causa ante “la dificultad del juzgado de localizar los domicilios” de ambos políticos, según justifica la magistrada en la providencia fechada el lunes. ...

La juez del caso ERE, Mercedes Alaya, ordenó a la Guardia Civil que se personara en el Congreso y en el Senado para que notificara a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán su preimputación en la causa ante “la dificultad del juzgado de localizar los domicilios” de ambos políticos, según justifica la magistrada en la providencia fechada el lunes. La actuación de Alaya recibió numerosas críticas ya que esta orden solo puede ser tramitada por el Tribunal Supremo por la condición de aforados de Chaves y Griñán. La justificación, por su parte, ha causado sorpresa. Por un lado, porque ambos expresidentes mantienen su domicilio en Sevilla desde hace más de 20 años. Y, por el otro, porque sus direcciones son conocidas por los propios cuerpos de seguridad, que les han prestado servicios de escolta.

En el escrito, Mercedes Alaya señala que ante las dificultades de su juzgado de “localizar los domicilios de las personas a las que se refiere el auto del 18 de diciembre” —en el que, además de preimputar a Chaves y a Griñán, señalaba a los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila— “procede” a notificarles el requerimiento “en su lugar de trabajo”. Antes de emitir dicho escrito, Alaya asegura que recibió un oficio de la secretaria de su juzgado en la que la Guardia Civil le notificaba que no conseguía el domicilio de las personas aforadas.

Con el objetivo de hacerles llegar el escrito, la magistrada acordó librar “atentos oficios” tanto al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada; como al del Senado, Pío García Escudero; y al del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, “a fin de que se haga entrega de una copia del auto” a cada uno de estos siete aforados. Tanto el Congreso como el Senado acordaron el martes devolver a la juez la documentación remitida y le advirtieron de que no había optado por el “camino correcto” ya que el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.

En el auto del 18 de diciembre, Alaya volvía a señalar en la causa a los dos expresidentes y a los cinco exconsejeros, después de que la Audiencia de Sevilla tumbara por falta de motivación un primer auto en el que les invitaba a personarse en la causa.