La oposición sospecha que la nueva ley del audiovisual busca favorecer a las TDT

La intención de Alberto Fabra con la redacción de una nueva Ley de Comunicación Audiovisual “es echar tierra sobre años de prevaricación por parte del vicepresidente José Ciscar, que nunca actuó para frenar el incumplimiento sistemático de la normativa que estaba en vigor por parte de los grupos adjudicatarios de TDT”. Así lo afirmó este martes el diputado socialista Josep Moreno. Un diagnóstico en el que coincidió con el diputado de Esquerra Unida Ignacio B...

La intención de Alberto Fabra con la redacción de una nueva Ley de Comunicación Audiovisual “es echar tierra sobre años de prevaricación por parte del vicepresidente José Ciscar, que nunca actuó para frenar el incumplimiento sistemático de la normativa que estaba en vigor por parte de los grupos adjudicatarios de TDT”. Así lo afirmó este martes el diputado socialista Josep Moreno. Un diagnóstico en el que coincidió con el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, que aseguró: “Nos tememos lo peor, que intenten arreglarle el saquito al entramado de las TDT party antes de abandonar el Gobierno”.

Blanco consideró “altamente sospechoso” que el PP esté preparando una nueva ley para sustituir a la de 2006, “incumplida de manera flagrante”, y anunció que ha solicitado la comparecencia del vicepresidente del Consell, José Ciscar, en las Cortes Valencianas para que dé explicaciones sobre la norma que la Generalitat prepara. “Cualquier proyecto del Consell sobre esta materia nacerá muerto por el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que una nueva mayoría tendrá que recuperar a partir de 2015 para reconstruir un verdadero sector audiovisual valenciano”, señaló el parlamentario de Esquerra Unida.

“Lo único que pretende Fabra con la nueva ley es dar cobertura al cierre ilegal de RTVV y permitir la adjudicación legal de TDT a grupos afines”, indicó el socialista Moreno, que recordó que el Tribunal Supremo anuló 42 de las concesiones de televisión digital terrestre realizadas en 2005 por la Generalitat. Se trata, añadió, de sustituir “unilateralmente una normativa que fue aprobada por todos los partidos políticos por otra que busca favorecer de nuevo a las mismas tramas a las que un día ya les adjudicaron las TDT y que, posteriormente, el Tribunal Supremo anuló”.

Tanto Moreno como Blanco destacaron que la mayoría de esas TDT incumplen el pliego de concesión, que establecía un porcentaje mínimo de emisión en valenciano, una cuota de producción propia y otros requisitos.