Fianza civil de 3,3 millones a Rivas y de casi 40 a tres excargos de la Junta

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones de euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas y de un total de casi 40 millones a tres ex secretarios generales técnicos de esta consejería. En el último caso, la mayor cuantía recae sobre Juan Francisco Sánchez, para quien la juez impone una fianza de 33,9 millones. Sánch...

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones de euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas y de un total de casi 40 millones a tres ex secretarios generales técnicos de esta consejería. En el último caso, la mayor cuantía recae sobre Juan Francisco Sánchez, para quien la juez impone una fianza de 33,9 millones. Sánchez ocupó dicho cargo entre los años 2000 y 2004, luego pasaría a la Consejería de Innovación y a la agencia Idea. Los otros imputados son Javier Aguado (cinco millones) y Lourdes Medina (un millón).

En el auto, Mercedes Alaya recuerda que Rivas fue delegado provincial de Empleo de Sevilla entre los años 2000 y 2010. Durante este periodo, la magistrada señala que Rivas “autorizaría un considerable número de expedientes” con subvenciones otorgadas “con total ausencia de procedimiento” y que, además, influyó para la concesión de dichas ayudas. Como ejemplos, la juez apunta que Rivas tuvo “conocimiento y participación activa” en los expedientes de Mercasevilla, Surcolor, Aglomerados Morell, Calderinox e Intesur, en los que, entre otros, fueron incluidos como intrusos (personas ajenas a las compañías beneficiadas) tres conocidos y dos cuñados suyos.

En el caso de los ex secretarios generales, Alaya cree que Aguado y Sánchez conocían que el procedimiento instaurado para la concesión de ayudas “podría generar menoscabo en fondos públicos y ambos contribuirían a alimentarlo con nuevas y diversas modificaciones presupuestarias”. Asimismo, mantiene que tanto Sánchez como Medina permitieron “con su actuación activa u omisiva” la continuidad de un sistema “contrario a la ley”.

Según los autos notificados este miércoles, a los imputados se les "concede el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación de la presente resolución, para la prestación de la fianza señalada, ordenándose el embargo de bienes (previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo), para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".