Pugna por la reserva turística de las Rías Baixas

Un reciente fallo de lo contencioso de Pontevedra que propone a la Xunta promover una nueva clasificación o un deslinde sobre el istmo donde se enclava la playa de A Lanzada (1,2 millones de metros cuadrados) ha desatado una dura pugna entre comuneros de O Grove y Sanxenxo y un enfrentamiento entre sus respectivos alcaldes, ambos del PP, que están dispuestos defender el territorio que reclaman ambas comunidades de montes por encima de sus siglas políticas.

La joya turística de las Rías Baixas -que sigue en estado puro gracias a fracasados proyectos de urbanización masiva como el que pre...

Un reciente fallo de lo contencioso de Pontevedra que propone a la Xunta promover una nueva clasificación o un deslinde sobre el istmo donde se enclava la playa de A Lanzada (1,2 millones de metros cuadrados) ha desatado una dura pugna entre comuneros de O Grove y Sanxenxo y un enfrentamiento entre sus respectivos alcaldes, ambos del PP, que están dispuestos defender el territorio que reclaman ambas comunidades de montes por encima de sus siglas políticas.

La joya turística de las Rías Baixas -que sigue en estado puro gracias a fracasados proyectos de urbanización masiva como el que pretendió desarrollar la empresa Grovelan en los años ochenta-abre un conflicto de intereses que le toca zanjar ahora a la Consellería de Medio Rural, a través del Xurado Provincial de Montes, que todavía no ha dicho qué va a hacer para arreglar el cisma. La intervención de la Xunta surge como consecuencia del fallo judicial que se conoció en febrero pasado que anula la clasificación de terrenos que hizo en 1989 el Jurado de Clasificación de Montes Vecinales de Pontevedra a favor de los comuneros de Sanxenxo, alegando que la demarcación del istmo se levantó sin contar con la voz de los de O Grove, ayuntamiento en el que se enclavan los polémicos terrenos.

La sentencia se produce en respuesta a los tres recursos que promovió el ayuntamiento grovense contra aquel dictamen que habían solicitado los comuneros de Sanxenxo en 1984 y que fueron desestimados, por lo que acabó recurriendo a los tribunales por la vía del contencioso, llegando incluso al Tribunal Superior de Galicia. Mientras los vecinos de Noalla creen que no hay motivos para que se anule la clasificación de 1989, los de O Grove pretenden lo contrario. A la espera de que la Xunta dé el primer paso y convoque a ambas partes para que presenten toda la documentación registral que avale sus propuestas, los gobiernos municipales ya se han movilizado para tomar posiciones. Sanxenxo ya ha advertido que independientemente del procedimiento que inicie el Xurado Provincial sobre el Monte de A Lanzada y los terrenos del viejo aeródromo convertido en un enorme aparcamiento que da servicio a los bañistas, el ayuntamiento promoverá un expediente administrativo para reclamar la titularidad de la playa de A Lanzada porque entienden que ese espacio natural les pertenece históricamente. Una declaración institucional que fue interpretada como un desafío por parte del municipio vecino.

En este nuevo escenario, y por primera vez, todos los partidos políticos, tanto del gobierno como los de la oposición en uno y otro ayuntamiento, se han alineado con los comuneros. Sanxenxo ya está preparando la artillería jurídica, desenterrando los archivos locales, autonómicos e incluso estatales. Por su parte, en O Grove, el gobierno llevó este lunes el asunto al pleno pero la oposición pidió más tiempo y documentación para debatirlo antes de alcanzar un acuerdo institucional. Como un pleito más entre vecinos que enredan en los juzgados, el proceso podría resultar largo y espinoso. Catalina González dejó claras sus intenciones de apoyar a sus comuneros después de que estos pidieran su mediación. Admite que los terrenos en disputa no están dentro de los límites de su municipio, pero sí defiende su titularidad para Noalla, que pertenece a Sanxenxo, cuyos vecinos han sido históricamente sus dueños.

Miguel Ángel Pérez defiende a los suyos. Cree que llegó el momento de pedir una nueva clasificación de los terrenos después de años de reclamaciones y considera que la justicia se ha posicionado a su favor al poder ser parte en este nuevo proceso. Pero en su encendida defensa del territorio en liza, Pérez ya envió algunos mensajes a González que han acabado por dañar las relaciones de ambos. Dijo públicamente que la actuación de la alcaldesa era una “cortina de humo” para tapar las imputaciones urbanísticas en su ayuntamiento pero la alcaldesa no ha querido contestar a eso, por ahora.