La renuncia anticipa la vuelta del ‘caso Gürtel’ a la Audiencia Nacional

La renuncia de Milagrosa Martínez, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencias a quien la trama de Francisco Correa apodaba La Perla, a su escaño en el Parlamento autonómico ha desatado un terremoto en la actual arquitectura global del caso Gürtel. Una vez dimitida Martínez, y al no quedar más aforados en esa pieza separada sobre los amaños en la adjudicación de la feria Fitur, el Tribunal Superior valenciano, que tenía previsto empezar las vistas ...

La renuncia de Milagrosa Martínez, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencias a quien la trama de Francisco Correa apodaba La Perla, a su escaño en el Parlamento autonómico ha desatado un terremoto en la actual arquitectura global del caso Gürtel. Una vez dimitida Martínez, y al no quedar más aforados en esa pieza separada sobre los amaños en la adjudicación de la feria Fitur, el Tribunal Superior valenciano, que tenía previsto empezar las vistas el 31 de marzo, se declarará no competente y empezará con una alta probabilidad el proceso para devolver el asunto al lugar en el que el juez Baltasar Garzón empezó a investigarlo hace cinco años, la Audiencia Nacional, para que sea juzgado allí.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ya se pronunció hace poco sobre la misma cuestión en ese sentido, cuando tuvo que decidir sobre el enjuiciamiento del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver. En términos jurídicos aquella decisión establecía que el momento para determinar la competencia del tribunal es el del inicio de las vistas, esto es, el del primer día de juicio.

El contundente comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, que considera el paso dado por La Perla como “un fraude de ley” para sortear al tribunal que ya había señalado las fechas de enjuiciamiento equivale a un anuncio de que recurrirá esa eventual decisión del TSJ, lo que elevará la cuestión al Supremo. Ello implicará un paréntesis que oscilará entre varios meses y algo más de un año para que el Supremo decida.

La decisión de Martínez anticipa, en todo caso, una posible progresiva migración de toda o buena parte de la vertiente valenciana del caso Gürtel a la Audiencia Nacional.

De entrada, hay dos piezas separadas en Valencia donde hoy no hay aforados, y que una vez concluida la instrucción deberán volar a la Audiencia. La que investiga el saqueo en la visita del Papa Benedicto XVI y la que indaga fraudes fiscales de la trama.

La única posibilidad de que esos dos asuntos sean juzgados en Valencia consistiría en que el juez instructor José Ceres imputara a nuevos aforados. Lo cual no es impensable. La policía y varios testigos han señalado al actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, como participante en el fraude de la visita del Papa. Y Hacienda ha atribuido a la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica (y por ello aforada), Sonia Castedo colaboración en los fraudes fiscales. Incluso en ese caso, sin embargo, a ambos les quedaría la opción de dejar el escaño.

Pero existe, además, un límite temporal. En Valencia se investigan también, dentro de Gürtel, la financiación ilegal del PP y la adjudicación de contratos públicos a dedo a la red. Estaba previsto que el juicio sobre Fitur durara hasta septiembre. El TSJ valenciano tiene otras investigaciones sobre corrupción más avanzadas que el resto de las de Gürtel y por tanto deberán ser juzgadas antes.

Resulta pues difícil de imaginar que el TSJ pueda enjuiciar más de una pieza separada de ese caso antes de las elecciones autonómicas de mayo del año que viene. La instrucción (investigación) de la pieza sobre Fitur se cerró en diciembre de 2012 y se iba a juzgar entre este mes y septiembre. En el resto de piezas del caso las investigaciones ni siquiera han concluido. Si el presidente de la Generalitat Alberto Fabra cumple su palabra de excluir a los imputados por corrupción de las listas, todos los diputados implicados en Gürtel perderán la condición de aforados para mediados de 2015. El TSJ valenciano devolverá las piezas separadas a la Audiencia Nacional. Y la fiscalía no podrá argumentar entonces que ha habido un fraude de ley para cambiar de tribunal.