Cinco pueblos alicantinos no saben dónde tirarán la basura en marzo

Los alcaldes de cinco Ayuntamiento socialistas de La Vega Baja (Rafal, San Isidro, Los Montesinos, Benferri y Rojales) terminaron la reunión que mantuvieron este lunes con la presidenta provincial y del consorcio de residuos comarcal, Luisa Pastor, del PP, sin saber dónde tirarán su basura el 1 de marzo.

Es la fecha tope dada por la mercantil Abornasa, que gestiona el vertedero de Crevillent para dejar de recibir los vertidos de un plan zonal bloqueado por los juzgados y el rechazo de la mayoría de municipios.

El problema de la basura en La Vega Baja retrocedió ayer al mes de sep...

Los alcaldes de cinco Ayuntamiento socialistas de La Vega Baja (Rafal, San Isidro, Los Montesinos, Benferri y Rojales) terminaron la reunión que mantuvieron este lunes con la presidenta provincial y del consorcio de residuos comarcal, Luisa Pastor, del PP, sin saber dónde tirarán su basura el 1 de marzo.

Es la fecha tope dada por la mercantil Abornasa, que gestiona el vertedero de Crevillent para dejar de recibir los vertidos de un plan zonal bloqueado por los juzgados y el rechazo de la mayoría de municipios.

El problema de la basura en La Vega Baja retrocedió ayer al mes de septiembre. Como si fuera un déjà vu del verano, la empresa que gestiona el vertedero de Crevillent reiteró este mes que su límite de recepción de basuras es inminente. Actualmente, recibe una importante parte de las basuras de una comarca que genera 247.000 toneladas anuales y que debería estar yendo al macrovertedero previsto en Albatera o en su defecto a la plata de transferencia que debía haberse construido en Cox. Hasta que las dos infraestructuras estuvieran listas, la adjudicataria del plan, UTE Cespa-Ortiz, imponía una solución transitoria que trasladaba los residuos a Crevillent, Xixona, Elche y Villena.

Mientras los socialistas están a la espera de que Pastor les diga dónde ir, la Diputación les invita a elegir ellos un vertedero de la propuesta transitoria. Nadie quiere decidir en un plan ampliamente rechazado por varios movimientos vecinales y que está siendo investigado dentro del caso Brugal por presunto amaño. Cox, del PP, se niega incluso a dar terrenos a Cespa-Ortiz, para construir la planta transitoria.

Tras la reunión de ayer, los socialistas se sumaron a la petición del PP para pedir un informe jurídico que diga si puede resolverse la contrata por incumplimiento de la mercantil y sin coste económico para la administración.

Manuel Pineda, alcalde socialista de Rafal, mostró su malestar porque la reunión de la que surgió esa petición se celebró entre 18 Ayuntamientos del PP, Pastor y el director territorial de Medio Ambiente Vicente Tejedo sin avisar a los socialistas. “Nosotros también somos alcaldes y queremos saber, aunque no tenemos por qué acudir a un informe jurídico exterior cuando existen los servicios jurídicos de la Diputación”.

“Da la sensación”, continuó Pineda, “que quieren dilatar el problema en el tiempo hasta hacer efectiva la solución transitoria. El informe no estará hasta el 2015”, dijo este alcalde.

La basura quema a las Administraciones, nadie mete mano a un asunto intervenido judicialmente y con un tufo a corrupción que hace muy complejo una resolución pronta del asunto. De momento, ayer cinco municipios no sabían ni dónde ni por cuánto dinero podrían deshacerse de sus residuos.