Una testigo del ‘caso Cooperación’: “La compra de los pisos era muy escandalosa”

No ha habido un día bueno para el ocho veces consejero de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, en las cuatro semanas que se llevan celebradas del juicio del caso Cooperación. Este jueves fueron el representante de una ONG y una antigua técnico de la desaparecida Consejería de Solidaridad quienes martillearon su defensa y la de los principales acusados del desvío de 1,8 millones de euros por parte de la Fundación Cyes, ...

No ha habido un día bueno para el ocho veces consejero de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, en las cuatro semanas que se llevan celebradas del juicio del caso Cooperación. Este jueves fueron el representante de una ONG y una antigua técnico de la desaparecida Consejería de Solidaridad quienes martillearon su defensa y la de los principales acusados del desvío de 1,8 millones de euros por parte de la Fundación Cyes, que en su mayoría debían invertirse en Nicaragua y se destinaron a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia.

“Lo de los pisos era muy escandaloso. Era mucho dinero para gastar aquí cuando de normal no se puede comprar ni un ordenador, y mucho menos unos pisos. Era una cosa absolutamente irregular”, explicó en el Tribunal Superior Eva Solá, una de las técnicos que rechazó que la Fundación Cyes pudiera recibir las subvenciones. Como otros funcionarios y cargos intermedios, Solá fue expulsada de la consejería que dirigía Blasco tras oponerse a su decisión. En su caso, por la vía de no renovarle el contrato.

Solá se opuso a que la Fundación Cyes —que según la investigación actuó en connivencia con el empresario encarcelado César Augusto Tauroni, así como con Blasco y su cúpula en la Generalitat— recibiera las millonarias subvenciones que había solicitado porque incumplía dos requisitos de la convocatoria: no había acreditado la experiencia previa y sus proyectos no estaban presentados en red con otra ONG.

Solá explicó que por ello la excluyó tras la primera lectura de los proyectos. La petición de la Fundación Cyes fue, sin embargo, recuperada desde altas instancias de la consejería. Según la investigación, fue la secretaria general y también imputada Tina Sanjuán quien aupó los proyectos al siguiente trámite administrativo.

La Fundación Cyes trató de arreglar sus peticiones asegurando documentalmente que solicitaba las ayudas “en red” (en compañía) de otra ONG, Promundis, con sede en Granada.

El representante de esa entidad, Emilio Matamoros desmintió ayer esa afirmación y negó que hubiese acordado con Cyes trabajar juntos en Centroamérica. “No concretamos ningún proyecto en Nicaragua”, afirmó Matamoros, que testificó por videoconferencia desde Chipre. Los proyectos presentados por la Fundación Cyes eran para realizar mejoras agrícolas y el representante de Promundis aseguró que su entidad está centrada en proyectos educativos en el Magreb y el Sahel. También dijo que no recibió “ni un solo céntimo” de la Fundación Cyes y que su ONG “se financia con capital de organismos protestantes en EE UU y Reino Unido”.

Matamoros solo admitió que trató con la fundación la posibilidad de colaborar en materia formativa. “Actuamos de buena fe con ellos”, afirmó “y de forma ingenua nos confiamos”.