Fomento actúa contra un aeródromo ilegal de Caldas que apoyan PP y PSOE

Una simple búsqueda en el canal Youtube es suficiente para constatar a través de vídeos que el aeródromo de Godos, un recinto privado ubicado en Caldas de Reis (Pontevedra), acoge vuelos en avioneta sin contar con el pertinente permiso de la Agencia Nacional de Seguridad Aérea (AESA), un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Esta irregularidad no ha impedido a la propietaria del campo de vuelo —la empresa Aeródromo de Caldas, SL, fundada por un exedil del PP fallecido en agosto pasado— contar con el apoyo del Ayuntamiento, en manos del PSOE, y de la Diputación de Pontevedra, del PP,...

Una simple búsqueda en el canal Youtube es suficiente para constatar a través de vídeos que el aeródromo de Godos, un recinto privado ubicado en Caldas de Reis (Pontevedra), acoge vuelos en avioneta sin contar con el pertinente permiso de la Agencia Nacional de Seguridad Aérea (AESA), un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Esta irregularidad no ha impedido a la propietaria del campo de vuelo —la empresa Aeródromo de Caldas, SL, fundada por un exedil del PP fallecido en agosto pasado— contar con el apoyo del Ayuntamiento, en manos del PSOE, y de la Diputación de Pontevedra, del PP, para poner en marcha el proyecto. La AESA, sin embargo, no lo ve tan claro y ha decidido abrir un procedimiento sancionador contra la instalación.

El proyecto del exconcejal popular y constructor José Campañó Luna para abrir un aeródromo en una parcela ubicada a cinco kilómetros del centro de Caldas y de Vilagarcía echó a andar en 2005. Las obras motivaron una sanción de la Xunta bipartita y una paralización del Ayuntamiento de Caldas porque se iniciaron sobre suelo rústico protegido y sin licencia, una irregularidad que se ha repetido en la rocambolesca historia del recinto.

La ubicación del aeródromo es controvertida. En uno de los extremos de la pista de despegue y aterrizaje, a solo 100 metros, se alza el viaducto del Eje Atlántico del AVE, sobrevolado por los aviones ultraligeros que han usado y pretenden seguir usando el recinto. La promotora, en la documentación enviada a Seguridad Aérea para pedir autorización —un organismo que por el momento en vez de conceder permiso a la empresa ha abierto un expediente sancionador— sostiene que ni la vía del tren, ni el río Umia que lo rodea por uno de sus flancos, ni las casas que están a menos de 500 metros son obstáculos para considerar “idóneo” y seguro el emplazamiento.

Tras la paralización de obras de 2007, el proyecto del aeródromo volvió a coger fuerzas en 2011 y, aparentemente, con ganas de cumplir con la legalidad. El promotor obtuvo el apoyo de los grupos municipales de PSOE, PP e Independientes de Caldas —el BNG se opuso— para sacar adelante un cambio en las normas urbanísticas que legalizara el proyecto, recalificando la parcela de suelo rústico protegido a suelo rústico de protección ordinaria.

El cambio fue veloz. Se promovió por la vía de urgencia y tanto la Consellería de Medio Ambiente como el Ayuntamiento de Caldas pulverizaron sus propias marcas de tramitación administrativa. La consellería inicio el trámite de consultas ambientales del proyecto de modificación puntual de las normas subsidiarias de Caldas el 5 de abril y el día 29 del mismo mes los concejales ya estaban en el salón de plenos emitiendo su voto a favor de la legalización urbanística del aeródromo de Campañó Luna. En estos 24 días se produjo incluso la insólita circunstancia de que el exedil del PP y constructor llevó de su mano la resolución de Medio Ambiente desde Santiago al registro del Ayuntamiento de Caldas. Anova de Umia ve en la operación una “estrategia coordinada” entre la Xunta y el Ayuntamiento y denuncia que tanta celeridad fue posible porque la consellería emitió su decisión de no someter la recalificación urbanística a evaluación ambiental sin esperar a recibir las alegaciones que se registraron el último día de plazo.

Con la rauda legalización urbanística lista, la empresa propietaria del aeródromo, que no ha respondido a la invitación de este periódico para dar su versión, logró licencia de obras en febrero de 2012, un permiso que ya ha caducado. Ese mismo mes el campo de vuelo recibió la visita del presidente de la Diputación de Pontevedra, el popular Rafael Louzán, un acto al que también asistió el alcalde de Caldas, el socialista Juan Manuel Rey. “Apoyamos al aeródromo porque consideramos que sería un revulsivo socioeconómico, pero con papeles. Entretanto no consigue los papeles, por nuestra parte hay buena voluntad para sacarlo adelante, pero tiene que conseguirlos”, afirmó ayer el regidor sobre el proyecto.

Desde el PP, el respaldo al aeródromo ha ido más allá. La Diputación de Pontevedra envió maquinaria y personal propio al recinto privado el pasado octubre para ayudar al promotor en unas obras sin licencia con las que, según comprobaron los técnicos del Ayuntamiento, acondicionó la pista y levantó 12 hangares para guardar aviones y un edificio para local social y oficinas. Estos trabajos fueron paralizados el pasado diciembre por el Ayuntamiento por ser ilegales. Esquerda Unida de Caldas, que ha llevado la situación del aeródromo ilegal al Congreso y al Parlamento gallego, ya ha reclamado a Louzán que explique qué medios públicos se utilizaron en esta obra privada, cuánto costaron y en qué licencia se ampararon.

El expediente sancionador incoado por la Agencia Nacional de Seguridad Aérea complica el futuro de un aeródromo alrededor del cual se ha creado un aeroclub al que están asociados empresarios de la zona deseosos de volar. “Queda patente la incompetencia del Ministerio de Fomento y de los organismos de él dependientes”, afirma Anova de Umia. “La Agencia de Seguridad Aérea, Adif y Renfe han sido consentidores de una ilegalidad permanente que ha sometido a una situación de riesgo a los usuarios del tren que discurre en viaducto frente a las pistas del aeródromo”.