El presidente de la Diputación de Girona declara como imputado por prevaricación
Giraut ha sido denunciado por quitar atribuciones de forma “ilegal” al actual jefe de protocolo El afectado aireó que 12 asesores del ente cobraban sin acudir a su puesto de trabajo
El presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut (UDC), ha declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Girona imputado como presunto autor de los delitos de prevariación y contra las libertades sindicales. Esta declaración llega después que el sindicato de funcionarios CSI-F le denunciara por haber quitado las atribuciones de comunicación de forma “ilegal” al actual jefe de protocolo, Josep Maria Amargant. Lo habría hecho como “represalia” por haber denunciado que 12 asesores del orga...
El presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut (UDC), ha declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Girona imputado como presunto autor de los delitos de prevariación y contra las libertades sindicales. Esta declaración llega después que el sindicato de funcionarios CSI-F le denunciara por haber quitado las atribuciones de comunicación de forma “ilegal” al actual jefe de protocolo, Josep Maria Amargant. Lo habría hecho como “represalia” por haber denunciado que 12 asesores del organismo, militantes de CiU, PSC y ERC, estarían cobrando 39.000 euros anuales sin acudir a su puesto de trabajao. Giraut, en cambio, aseguró que le perdió la confianza a Amargant y que no cederá a “presiones” ni “amenazas” para devolverle sus atribuciones. También defendió la labor de los asesores, aunque ha admitido se debe mejorar su imagen frente a la opinión pública porque se desconoce qué hacen.
Joan Giraut compareció en los juzgados acompañado por los tres vicepresidentes de la Diputación, los tres de CDC, y aseguró al juez que no se trató de ninguna represalia. Mantuvo que actuó de acuerdo a los procedimientos establecidos y que el jefe de protocolo se extralimitó en sus funciones a raíz de sus intervenciones públicas en el caso de las denuncias cruzadas entre el ex presidente de la Diputación, Jaume Torramadé y la ex asesora Minerva Amador.Ella le acusó de abusos sexuales y el de extorsión.
Giraut explicó que cuando asumió el cargo de presidente, “advirtió” a Amargant que le mantendría sus funciones, si se ceñía estrictamente a sus labres profesionales de comunicación. A pesar que le dio un voto de confianza, el jefe de Protocolo siguió cargando las tintas con escritos públicos contra otros cargos políticos de Unió y Giraut, Este, que admitió que “posiblemente” cometió “un error” al darle el voto de confianza, decidió, “unilateralmente”, cesarle.
El presidente de la Diputación insistió al juez que no podía tratarse de una represalia por haber presentado dos escritos denunciando la situación de los asesores porqué le comunicó verbalmente su cese el día antes a la presentación de sus escritos. Para Giraut, Amargant simplemente se está excusando en una cuestión sindical.
Paralelamente a la denuncia del sindicato CSI-F, Amargant presentó un recurso en el juzgado contencioso administrativo número 2 de Girona para que anulara la decisión tomada por Giraut y por el pleno de la Institución que le cesaban de sus atribuciones. Amargant reiteraba en su recurso que tras la decisión de la corporación estaba su denuncia de la situación de los asesores. Ahora la juez ha dictado una interlocutoria en la que mantiene que “no puedo ignorar los hechos denunciados, ya que de ser ciertos podrían ser constitutivos de delito”. El hecho de que los asesores cobren sin trabajar en la Diputación podría constituir, según la juez, los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. El auto ordena que se remita el caso al decanato de los juzgados de Instrucción de Girona para su reparto y a la Oficina Antifraude de Catalunya para que actúen, si lo creen conveniente.
Giraut defendió ante la prensa la labor y la legalidad de los asesores como cargos de confianza, pero reconoció la necesidad de limpiar su imagen de cara a la opinión pública. “El trabajo que hacen los asesores es una labor de asesoría del partido en la Diputación, y por eso cobran, si después como militantes que son hacen otras labores con más o menos dedicatoria dentro del partido, esto forma parte del conjunto de lo que hacemos los militantes”, indicó. Calificó su labor de “imprescindible” para el funcionamiento de la Diputación, y aseguró que legalmente no están obligados a ir presencialmente a trabajar.
La Diputación de Girona cuenta con 34 cargos de confianza 12 de ellos asesores. Seis son de CiU, tres del PSC y tres de ERC y cada uno de ellos cobra 39.000 euros anuales. A raíz de todas las informaciones salidas en la prensa, el pasado julio, también la Fiscalía abrió una investigación de oficio y solicitó información sobre el sueldo, horarios laborales y funciones de los cargos de confianza nombrados entre los años 2007 y 2012.