La aseguradora Uniter solicita a la juez Alaya concurso de acreedores
Los administradores de la empresa alegan que ha desaparecido "su principal y casi único negocio"
Los administradores judiciales de Uniter, la aseguradora investigada en el caso de los ERE, han pedido que la empresa sea declarada en concurso de acreedores al haber desaparecido “su principal y casi único negocio” que eran los expedientes financiados por la Junta. En un escrito dirigido a la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, los dos administradores de Uniter le informan de que han rehecho la contabilidad de la empresa, que arroja un déficit patrimonial de 321.284 euros, mientras que Cureña, que comparte el m...
Los administradores judiciales de Uniter, la aseguradora investigada en el caso de los ERE, han pedido que la empresa sea declarada en concurso de acreedores al haber desaparecido “su principal y casi único negocio” que eran los expedientes financiados por la Junta. En un escrito dirigido a la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, los dos administradores de Uniter le informan de que han rehecho la contabilidad de la empresa, que arroja un déficit patrimonial de 321.284 euros, mientras que Cureña, que comparte el mismo dueño, cuenta con un patrimonio neto de 4.752.342 euros.
El propietario de Uniter, José González Mata, se encuentra entre el centenar y medio de imputados por los ERE y pasó dos meses en prisión hasta que el 19 de agosto de 2013 quedó libre al depositar 450.000 euros de fianza. Los administradores judiciales piden a la juez Alaya que autorice la venta de tres locales y cinco plazas de garaje propiedad de Cureña con objeto de conseguir ingresos. Según el informe, siete de sus inmuebles están ocupados por González Mata y su familia, “sin que ninguno abone cantidad alguna de alquiler ni se haya declarado a Hacienda como pago en especie”. Por ello, los administradores judiciales proponen “rentabilizar las viviendas ocupadas por el socio mayoritario y su familia, pero evitando los daños morales y la alarma social que se puede producir si se obliga a dichas familias al desalojo”.
Alquiler de los bienes Ante la dificultad de su venta o alquiler, comunican que han pedido a una empresa tasadora que indique el precio de arrendamiento en el mercado, que se solicitaría a los inquilinos y en caso de que no paguen se procedería al desalojo y su arrendamiento a otra persona. Finalmente, si con estas operaciones no obtienen ingresos suficientes para abonar el resto de obligaciones sociales de Cureña, solicitarían también el concurso de acreedores para esta empresa.
Según los administradores, Uniter y Cureña habían presentado liquidación del Impuesto de Sociedades con resultado negativo, “pero las cuentas que sirvieron de base para tales impuestos no obedecían a la realidad contable, sino que eran balances parciales que no recogían todos los ingresos y gastos y que nunca llegaron a ser aprobadas por la junta de socios”. El informe presentado a la juez indica que ha sido necesario “rehacer prácticamente ambas contabilidades sobre la base de la documentación encontrada en la sede social que comparten ambas sociedades”.
Además, Uniter ha despedido a sus cuatro únicos trabajadores y pide el concurso de acreedores “ante la falta de negocio actual que permita la continuidad de la empresa”.