La corrupción aprovecha la falta de medios en los juzgados
Las deficiencias para instruir el ‘caso Astapa’, con 107 imputados tras más de cinco años de investigación, dificultan la resolución del proceso
La investigación del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 67.101 habitantes) avanza a paso de tortuga. La causa que llevó a la cárcel al exalcalde socialista Antonio Barrientos arrancó hace cinco años y medio y suma 107 imputados (dos presuntos implicados han fallecido). Ninguna de las personas vinculadas a este procedimiento podía imaginar en junio de 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones, una demora semejante. Pero lo peor es que el final no se vislumbra. Fuentes de la in...
La investigación del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 67.101 habitantes) avanza a paso de tortuga. La causa que llevó a la cárcel al exalcalde socialista Antonio Barrientos arrancó hace cinco años y medio y suma 107 imputados (dos presuntos implicados han fallecido). Ninguna de las personas vinculadas a este procedimiento podía imaginar en junio de 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones, una demora semejante. Pero lo peor es que el final no se vislumbra. Fuentes de la investigación comentan que en 2014 estarán listos los informes policiales, aunque expresan sus dudas de que las pruebas periciales estén concluidas.
Ahí está el principal escollo: la valoración económica de los convenios urbanísticos, tema esencial sobre el que pivota el caso. Hasta ahora se han podido examinar siete acuerdos, análisis que ha concluido un presunto déficit de 20 millones de euros para las arcas municipales, y quedan pendientes cerca de 30 convenios. Esta labor debe hacerla un perito oficial y el camino recorrido en este campo ha sido una “verdadera odisea”. “La Justicia es cara y necesita medios”, añaden las fuentes. Y en Astapa la crisis se nota, porque no los hay.
Las dificultades con los peritos han dilatado la instrucción que dirige el Juzgado mixto 1 de Estepona. La presencia de un tasador ha sido irregular, a veces inexistente. En un primer momento se dispuso de uno de la Agencia Tributaria de una “calidad excepcional”, que fue el encargado de valorar los siete convenios. Pero su trabajo se limitó a eso. En una segunda fase se estimó que no podía atender las necesidades del juzgado y continuar con sus funciones ordinarias, por lo que fue desechado. Se recurrió entonces sin éxito a varios organismos de la Junta y, visto el resultado, a la compañía de tasación Tinsa, que recientemente informó de que había concluido el contrato que tenía con la Delegación de Justicia. Aparentemente, las trabas parecen haberse superado. Las fuentes consultadas explican que ahora se ha vuelto a comisionar a un perito.
En la sede judicial ni siquiera cuentan con un escáner especializado para digitalizar la documentación intervenida. Hay una máquina multifunción que también hace fotocopias e imprime y que no es adecuada, por ejemplo, para el tratamiento de planos. El sumario lo integran actualmente 58 tomos principales y unas 30 piezas documentales. Hay 163 cajas con papeles decomisados en los registros (una parte importante está pendiente de escanear) y 112 soportes informáticos. El volumen y la complejidad del caso, que investiga delitos de cohecho, malversación, fraude y blanqueo, entre otros, son enormes.
Muñoz y Del Nido volverán a coincidir en el banquillo
La Audiencia de Málaga está curtida en juicios de corrupción. El principal ejemplo es el caso Malaya, sentenciado a principios de octubre y ahora pendiente de los recursos de casación anunciados ante el Tribunal Supremo, pero en los últimos años se ha especializado en procedimientos que tenían el cohecho o el blanqueo como delitos estrella. La instrucción del caso Astapa es posiblemente la que está más retrasada. Ni siquiera Acinipo, centrada en una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Ronda, acumula tanta demora a pesar de que estalló tres años después, en septiembre de 2011. Pero hay varios macrosumarios que ya han sido calificados por Anticorrupción, algunos incluso con auto de apertura de juicio, y cuya vista oral podría celebrarse a lo largo de 2014. Todo dependerá de la agilidad de los últimos trámites y del hueco disponible en las secciones de la Audiencia.
Uno de ellos es el conocido como caso Fergocom, que dirime la contratación irregular de obras en el Ayuntamiento de Marbella en 2001 y 2002. En el banquillo volverán a coincidir el exalcalde Julián Muñoz y José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenados recientemente en firme a siete años de prisión en el caso Minutas por malversar dinero de las arcas marbellís a través de los honorarios cobrados por el abogado. Ambos se enfrentan en Fergocom a una petición fiscal de 11 años de cárcel y hay otros 11 acusados, entre ellos, dos hermanos de Del Nido. En este caso se estima un perjuicio para el Ayuntamiento de 1,6 millones de euros.
Otro procedimiento pendiente de celebración de juicio es Goldfinger. Julián Muñoz, que actualmente está en prisión, también será juzgado por la recalificación de la parcela en la que estaba la casa de Sean Connery en Marbella junto a Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo marbellí y cabecilla de la trama de corrupción de Malaya. Se exponen a cuatro y ocho años de prisión, respectivamente, y hay acusados otros cinco exconcejales del GIL. Este caso también trata de determinar si existió fraude fiscal en la venta de las viviendas que se construyeron en ese suelo. En total serán enjuiciadas 17 personas, incluidos dos abogados, otros tantos empleados de banca, un empresario y varios asesores fiscales.
Procedente de otro juzgado de Marbella y también calificado por Anticorrupción está el caso Hidalgo, centrado en fraude fiscal y blanqueo de capitales. La fiscalía pide 170 años de cárcel y una multa cercana a los 1.000 millones de euros para 14 personas. Este procedimiento se centra en la labor del despacho de abogados Cruz-Conde y le costó en su día la carrera judicial al exjuez Francisco Javier de Urquía.
El último macrosumario de Málaga que ha sido calificado por el ministerio público es el caso Arcos, en el que el exalcalde socialista de Alcaucín (municipio del interior con 2.817 habitantes), José Manuel Martín Alba, se enfrenta a 226 años de cárcel por decenas de delitos, entre ellos, cohechos, blanqueos o falsedades de distinto tipo. La acusación afecta a 49 personas, incluido un exjefe de la Diputación Provincial. El caso tiene dos vertientes: la construcción y posterior legalización de viviendas levantadas en suelo no urbanizable; y la supuesta alteración de datos para dar apariencia de legalidad a determinadas edificaciones.
El juzgado no ha visto atendida su petición de contar con una máquina adecuada para digitalizar el procedimiento. La que se utilizó en el caso Malaya, para el que sí hubo un derroche de medios físicos y materiales, está ahora en el juzgado de Ronda que investiga el caso Acinipo. Y a la falta de algo que se presume tan básico como un escáner se suma la carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona. Su titular, Jesús Torres, es el tercer instructor de la causa. Relevó a Isabel Conejo y a Virtudes Molina y echa jornadas de trabajo maratonianas. Es habitual que abandone la sede judicial a las seis de la tarde. Torres asume las labores propias de un juzgado mixto, es decir, lleva asuntos civiles y penales. Toma declaración, hace guardias y celebra juicios. Según fuentes judiciales, este año superará las 400 sentencias. Y en medio de todo esto instruye Astapa.
Un dato objetivo del día a día que soporta el juzgado de Torres está en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la de 2012. La media de ingresos de asuntos el año pasado en los cinco juzgados de Estepona fue de 1.149 en la jurisdicción civil y de 3.175 en la penal. La carga de trabajo máxima que fija el Consejo General del Poder Judicial está en 550 y 2.470 asuntos, respectivamente.
El juez y los funcionarios de Astapa escanean documentos en los ratos libres, explican las fuentes. A eso se están dedicando ahora con nueve cajas de papeles que acaban de llegar de Madrid. El equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación, que tiene en marcha la elaboración de varios informes y actúa en colaboración con efectivos de Málaga, tiene su sede física en el complejo policial de Canillas. Con el escáner ha pasado como con los peritos. Es todo una aventura. “Al inicio de la instrucción se pidió el auxilio de Hacienda porque tienen buenas máquinas, pero se rechazó por una cuestión de competencias”, apuntan fuentes de la investigación.
Las últimas declaraciones relacionadas con Astapa se produjeron a principios de verano. Hay en marcha cientos de informes patrimoniales de la Agencia Tributaria y están pendientes las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y Suiza para determinar el supuesto blanqueo de algunos implicados. La que se remitió a la República Checa ya está cumplimentada. Los convenios urbanísticos son el eje central del caso, pero la investigación abarca multitud de concesiones y contratos municipales entre 2003 y 2008. Además del exalcalde del PSOE, los principales implicados son los exediles José Ignacio Crespo, Manuel Reina y Francisco Zamorano, y el exgerente de Urbanismo Pedro López. Hay imputados arquitectos, empresarios, funcionarios y familiares de algunos excargos públicos.
Según los investigadores, el Ayuntamiento se regía por una “triple caja”. La caja A estaba perfectamente fiscalizada. La B estaría integrada por fondos no auditados procedentes de supuestas donaciones por los convenios urbanísticos que se gastaban en el ámbito municipal. Y la caja C contendría el dinero, también de convenios urbanísticos y otras concesiones, que supuestamente acababa en el “bolsillo” de algunos implicados.