Desconvocada la huelga de alumbrado de Madrid
El Ayuntamiento adjudicó el contrato esta semana a la actual adjudicataria Los sindicatos aseguran que les han garantizado el mantenimiento de la plantilla
Los trabajadores del alumbrado de Madrid (una plantilla de unas 720 personas) han desconvocado este miércoles la huelga preventiva convocada la semana pasada contra la adjudicación del contrato integral que incluye luces, fuentes, túneles y semáforos y con el que los sindicatos temían una sangría de despidos. Durante los paros, numerosas calles quedaron a oscuras, incluida la Puerta de Alcalá.
Fuentes de la negociación señalan que las adjudicatarias se han comprometido a mantener íntegeramente la plantill...
Los trabajadores del alumbrado de Madrid (una plantilla de unas 720 personas) han desconvocado este miércoles la huelga preventiva convocada la semana pasada contra la adjudicación del contrato integral que incluye luces, fuentes, túneles y semáforos y con el que los sindicatos temían una sangría de despidos. Durante los paros, numerosas calles quedaron a oscuras, incluida la Puerta de Alcalá.
Fuentes de la negociación señalan que las adjudicatarias se han comprometido a mantener íntegeramente la plantilla con las condiciones actuales a partir del cambio de contrato, previsto inicialmente el próximo 1 de enero.
El Ayuntamiento adjudicó provisionalmente el lunes contrato integral del alumbrado. En lugar de primar la rebaja económica, optó por mantener en dos de los tres lotes a las actuales adjudicatarias y seleccionó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) encabezada por Ferrovial el tercer lote.
Aunque el recorte económico en la oferta pesaba hasta 85 de 100 puntos (combinado con la oferta de eficiencia energética) el Consistorio no eligió a la aspirante con una propuesta más barata. No hay una explicación oficial de por qué se han cambiado los criterios. Los sindicatos lo atribuyen a la presión de su huelga preventiva y a que habían alertado de que la aspirante con la oferta más baja no tenía solvencia suficiente ni había garantizado el mantenimiento de la plantilla.
Las dos entidades con el canon más bajo ofertaron casi 40 millones de euros menos sobre un presupuesto de salida de 786 millones, que ya incluía una rebaja inicial del 10% que el Consistorio ha aplicado a todos los contratos integrales. La favorita para gestionar los lotes 1 y 2 (centro y oeste) era la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acisa-Aceinsa, que rebajó el canon el 5,12 y el 8,15%, respectivamente.
Finalmente, la adjudicación provisional ha recaído en la misma UTE que gestionaba ahora el servicio, formada por Sociedad Ibérica de Construcciones Elécticas, Imesapi, Etralux, Urbalux Citelum Ibérica, con rebajas inferiores al 2% en ambos casos. El tercer lote ha sido adjudicado a la UTE que encabeza Ferrovial, que ofertó una reducción del 1,85%. Acisa- Aceinsa ha anunciado que presentará un recurso.
Hace más de un año, el equipo de Gobierno que encabeza Ana Botella anunció un cambio de filosofía en la adjudicación de los grandes contratos para gestionar los servicios públicos, que supondrían una fuente de ahorro y más eficiencia. El primero que debía ver la luz era de la gestión de las basuras, que quedó desierto hace un año y sigue pendiente.
El más conflictivo, hasta la fecha, ha sido el de limpieza viaria, que se adjudicó en verano y desembocó en una huelga de 13 días en noviembre, después de que las nuevas adjudicatarias anunciaran un Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a más de un millar de trabajadores. Además de la reducción económica, otra de las novedades de los nuevos pliegos municipales es que eliminaban las clausulas que obligan a mantener la plantilla.
El Ayuntamiento intentó atribuir los paros a una mera negociación entre trabajadores y adjudicatarias pero la alcaldesa se vio obligada a intervenir y dar un ultimátum después de que las imágenes de calles repletas de suciedad saltasen a la prensa internacional y se encendieran las alarmas de los sectores turístico y comercial con las Navidades a la vuelta de la esquina.
Tras la huelga, se mantuvo la plantilla íntegra, con los sueldos congelados y un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que, en la práctica, significa que cada empleado va al paro un mes y medio (y cobra de las arcas del Estado) y los efectivos se reducen un 12%.