El PP denuncia la concesión de avales por parte de Idea con reparos del interventor
Los populares censuran que la agencia pública ofreciera garantías pese a los informes en contra
El PP andaluz denunció ayer que desde 2008 la Junta ha concedido avales a empresas a través de la agencia pública Idea a pesar de un informe de la Intervención General sobre supuestas irregularidades en la concesión de estas. El Partido Popular detalló que la cuantía de los avales se eleva a 210 millones, aunque sin especificar a qué cantidad afectan los reparos de la Intervención y si la Junta corrigió las deficiencias identificadas.
El secretario general del grupo popular en el Parlamen...
El PP andaluz denunció ayer que desde 2008 la Junta ha concedido avales a empresas a través de la agencia pública Idea a pesar de un informe de la Intervención General sobre supuestas irregularidades en la concesión de estas. El Partido Popular detalló que la cuantía de los avales se eleva a 210 millones, aunque sin especificar a qué cantidad afectan los reparos de la Intervención y si la Junta corrigió las deficiencias identificadas.
El secretario general del grupo popular en el Parlamento, Rafael Salas, destacó que la orden de Idea de 2008 para los avales se dictó sin el obligado informe de la propia Intervención y que estos avales superaron los límites establecidos en la Ley de Presupuestos, como por ejemplo el de 18 millones fijado para 2009, año en el que los avales llegaron a los 71 millones. A pesar de la crisis, Salas destacó que de las 153 empresas beneficiadas, 70 están ahora en concurso de acreedores.
El exdirector de Idea Jacinto Cañete, defendió su potestad para conceder estas ayudas en un escrito remitido a la juez Mercedes Alaya, que investiga estos avales: “El interventor no emitió informe de actuación, no detectó menoscabos de fondos públicos, no juzgó oportuno remitir la cuestión para alcance contable y aún menos, redactar denuncia a fiscalía, obviamente, porque ninguna cuestión criminal subyace tras sus consideraciones”. El ex alto cargo defiende que “no toda presunta contravención de norma ha de resultar criminalizada”, tal y como denuncia el PP. Cañete resalta que los desencuentros entre el Gobierno y la Intervención en materias administrativas y presupuestarias son habituales.