Pintan bastos

Este país –España, la Comunidad- huele a pobreza y corrupción. En adelante, además, hederá a Gestapo, como ya perciben los más viejos del lugar y pronto sabrán los más jóvenes de qué hablamos. Bastará con que entre en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, según aleccionaba una viñeta de Toni Batllori en La Vanguardia, establece que “cualquier protesta que consiga ser una protesta se considerará una infracción grave o muy grave”. Desmesuradamente grave, añadimos. Pues eso, se nos quiere sumisos y amedrentados por unas sanciones disparatadas que incluso han alarmado a las autor...

Este país –España, la Comunidad- huele a pobreza y corrupción. En adelante, además, hederá a Gestapo, como ya perciben los más viejos del lugar y pronto sabrán los más jóvenes de qué hablamos. Bastará con que entre en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, según aleccionaba una viñeta de Toni Batllori en La Vanguardia, establece que “cualquier protesta que consiga ser una protesta se considerará una infracción grave o muy grave”. Desmesuradamente grave, añadimos. Pues eso, se nos quiere sumisos y amedrentados por unas sanciones disparatadas que incluso han alarmado a las autoridades europeas. Pintan bastos y, si bien parece excesivo evocar el terrorismo de Estado, la verdad es que esta norma y la misma jeta del ministro responsable aterrorizan lo suyo.

El Gobierno se blinda frente al cabreo generalizado. No hay más que ver al presidente valenciano Alberto Fabra convertido en un fugitivo achuchado por el descontento. Vaya donde vaya se tropieza con la recepción airada de los damnificados de todo oficio y condición, que hasta un grupo de escolares setabenses ha pedido esta semana su dimisión. Cierto es que el molt honorable no ha tenido la culpa de su infortunio, ese legado de deudas, quebrantos y saqueos que está cuestionando la misma idoneidad del régimen autonómico. Pero poco o nada puede hacer nuestra primera autoridad, más allá de cumplir su programa amparado por la fuerza pública, confiando en que amaine la borrasca civil que, sin embargo, se engresca a medida que pasan los días y se desvela la dimensión de los escándalos políticos protagonizados en su inmensa mayoría por infaustos personajes del PPCV. Lo tiene crudo este buen hombre, inerme ante un destino que le viene grande y del que debería liberarse convocando elecciones y devolviéndole la voz al electorado.

La mayoría absoluta parlamentaria que nos gobierna garantiza la inminente vigencia de la mentada ley que glosamos. Pero pocos creen que tal ración de mano dura refrene la rebeldía, la indignación y la voz de tantos condenados del sistema, ese universo de desempleados y desahuciados sin expectativas, a pesar del falsario discurso oficial. Si de nada han valido las cuchillas instaladas en la frontera de Melilla, donde los inmigrantes se dejan la piel a tiras, o la vida, tampoco parece que ese bloque de sanciones pueda frenar el alud de reivindicaciones que ha cuajado a lo largo de una crisis económica sin fecha de caducidad. Este gobierno, como todos los autoritarios, pretende sustituir el necesario cambio político con acrecidas dosis de orden público. Puro residuo franquista. El único resultado previsible será el descrédito de la policía, motejada de nuevo, como en los viejos tiempos, de bofia, monos o pasma, entre otras delicadezas. Eso y muchas multas.

Resulta significativo que esa ley represiva se haya anticipado a la de la transparencia o a la batalla contra la corrupción. Es muy posible que si se hubiese invertido el orden no habría hecho falta este despliegue de fuerza e inevitable violencia. Pero, claro, sin opacidad y laxitud política y judicial para con los desmanes no se hubiesen a cumulado fortunas y prepotencias para la clientela del PP, la de los poderosos y ventajistas. Al caso viene aquella observación del multimillonario Bernat Buffet. En el mundo, decía, hay una guerra entre ricos y pobres y la estamos ganando por goleada. El PP, a su modo, está movilizado y arrima el ascua a su sardina. Las clases medias ni se enteran.