Objetivando, que es gerundio
La cualidad que marca el límite entre el éxito o el fracaso de una organización es su capacidad de anticipación y adaptación a los cambios previsibles
Bien mirado, la revisión crítica a que se ven sometidas todas las estructuras organizativas y productivas durante los periodos de crisis económica no constituye ningún mérito; es mera supervivencia. El auténtico mérito deviene en acometer estas revisiones cuando las cosas van bien. Pero en ese momento, ocupados habitualmente en surcar la espuma del éxito, dejamos en dique seco el espíritu crítico necesario para introducir reformas que permitan seguir a flote cuando arrecie el temporal. Esta pauta, común a todos los ámbitos, se reproduce con mayor intensidad en el sector público que en el priva...
Bien mirado, la revisión crítica a que se ven sometidas todas las estructuras organizativas y productivas durante los periodos de crisis económica no constituye ningún mérito; es mera supervivencia. El auténtico mérito deviene en acometer estas revisiones cuando las cosas van bien. Pero en ese momento, ocupados habitualmente en surcar la espuma del éxito, dejamos en dique seco el espíritu crítico necesario para introducir reformas que permitan seguir a flote cuando arrecie el temporal. Esta pauta, común a todos los ámbitos, se reproduce con mayor intensidad en el sector público que en el privado. Expresado en otras palabras, la cualidad que marca el límite entre el éxito o el fracaso de una organización es su capacidad de anticipación y adaptación a los cambios previsibles. Y aunque pueda parecer un aspecto nimio, es uno de los puntos básicos que diferencia a un país de primera de un país de tercera.
Descartada la acción preventiva, nuestra posición en el ranking se consolida cuando nos vemos metidos de hoz y coz en toda suerte de reestructuraciones, privatizaciones y liberalizaciones. Se supone que todos estos procesos se ejecutan en aras de alcanzar la máxima eficiencia, que es la que suministra el oxígeno necesario para poder salir del agujero. Sin embargo, es chocante que en muchos de ellos la primera sacrificada sea la información, que se supone fundamental para tomar las decisiones acertadas.
Consecuentemente la opacidad reinante va asentando la opinión de que en muchos casos todas estas transformaciones responden más a prejuicios ideológicos o a intereses no declarados que a criterios estrictamente económicos, hasta el punto de utilizar la crisis económica como el chivo expiatorio o la excusa para todas las actuaciones, estén o no justificadas. En el caso de los organismos o empresas del sector público la cuestión puede volverse lacerante, puesto que se trata del dinero de todos y las acciones a emprender siempre juegan en contra del empleo o de la propiedad pública de los medios de producción.
Ejemplos los hay de todos los colores. Uno de los más llamativos y recientes ha sido el informe de la Sindicatura de Comptes en relación a las resonancias magnéticas en la Comunidad Valenciana, publicado en este mismo periódico, según el cual la resonancia sanitaria pública es más barata que la privada. Es llamativo por el hecho de que haya tenido que ser la Sindicatura quien advirtiera la cuestión a partir de una auditoría operativa. Al parecer, la contabilidad de costes en los hospitales queda reservada únicamente para hacernos saber el importe con que gravamos a la sociedad cuando pasamos por quirófano. Si es así, no es de extrañar que lluevan las críticas y se justifiquen las opiniones más tendenciosas cuando se lanzan a externalizar servicios públicos, sin haber aclarado previamente si el coste público es superior o no al coste privado más su correspondiente beneficio operativo, claro está.
Pero también en el sector privado cuecen habas. En una rama tan sensible para nuestros bolsillos y para la competitividad económica como es el oligopolio eléctrico, no hay manera de saber para cada gran compañía el coste del megavatio/hora en cada una de sus fuentes energéticas: hidráulica, nuclear, eólica, fotovoltaica, etc. Existen aproximaciones varias, muchas de ellas interesadas, pero ninguna que yo sepa toma como base la contabilidad oficial de las empresas. Con lo sencillo que sería obligarles a llevar una contabilidad de costes. Sería un buen primer paso para objetivar la discusión sobre su polémico sistema de retribuciones.
Juan Usach es doctor en Economía