Gipuzkoa aparta de las obras de Deskarga a la empresa del trabajador fallecido

La Diputación adopta esta medida tras observar "algunos indicios de irregularidad"

Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación de Gipuzkoa.javier hernández

La Diputación de Gipuzkoa ha decidido como "medida cautelar" apartar de las obras de la GI-632, en Deskarga, a la empresa Aballa a la que pertenecía el trabajador fallecido el pasado miércoles después de haber detectado "algunos indicios de irregularidad" en su actuación.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Diputación guipuzcoana, Larraitz Ugarte, ha señalado que la Diputación está investigando, junto con ...

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La Diputación de Gipuzkoa ha decidido como "medida cautelar" apartar de las obras de la GI-632, en Deskarga, a la empresa Aballa a la que pertenecía el trabajador fallecido el pasado miércoles después de haber detectado "algunos indicios de irregularidad" en su actuación.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Diputación guipuzcoana, Larraitz Ugarte, ha señalado que la Diputación está investigando, junto con Osalan y la Ertzaintza, las causas de este siniestro laboral, pero ha decidido expulsar a la citada constructora de las obras como medida "preventiva y provisional". Aballa estaba trabajando en las obras de Deskarga subcontratada por la UTE Lapatza (formada por Moyua y Antzibar), adjudicataria del contrato público. Durante las excavaciones para construir la carretera, un operario de 33 años falleció tras caer por un terraplén de diez metros de altura.

Ugarte ha asegurado que no había ninguna denuncia en Inspección de Trabajo contra la UTE Lapatza por cuestiones relativas a la seguridad laboral, "sino por incumplimiento del convenio", concretamente en lo relativo a "salarios y horas extras", por lo que "nadie previó, ni avisó" de un posible accidente laboral.

También ha señalado que  cuando se conozcan los resultados de la investigación, sise comprueban que hubo "incumplimientos" de contrato o negligencia por parte de la UTE adjudicataria, la Diputación podría imponer una penalización de hasta el 10% del montante del contrato, una multa que podría ascender a cuatro millones de euros..

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