El PSPV pide al juez que anule la contrata millonaria de basuras a Ortiz

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante cumplió su advertencia y ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado contra el pliego de condiciones y la adjudicación de la contrata millonaria de basuras a una UTE participada por el empresario Enrique Ortiz.

 El concejal del PSPV Gabriel Moreno considera que el contrato para la limpieza y recogida de residuos sólidos en Alicante, por unos 400 millones de euros durante diez años, ha sido “desde el principio un traje a medida” para el empresario Enriqu...

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante cumplió su advertencia y ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado contra el pliego de condiciones y la adjudicación de la contrata millonaria de basuras a una UTE participada por el empresario Enrique Ortiz.

 El concejal del PSPV Gabriel Moreno considera que el contrato para la limpieza y recogida de residuos sólidos en Alicante, por unos 400 millones de euros durante diez años, ha sido “desde el principio un traje a medida” para el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.

La fórmula elegida por el equipo que preside Sonia Castedo, del PP, de un contrato de prestación de servicios públicos y un contrato de servicios. Una opción, que según el edil, ha impedido que participaran operadores internacionales, ya que el pliego de condiciones no se publicó en el Boletín de la Unión Europea. “Es evidente que desde el principio se ha intentado disuadir a cualquier operador La oferta de Ortiz tampoco asume riesgos de explotación, según denuncian los socialistas.

Informes y sentencias

Por todo ello, y basándose en informes de la junta de contratación de la Generalitat y sentencias de los tribunales europeos, como la que anuló el Plan Rabassa, adjudicado a Ortiz, por falta de publicidad en el ámbito europeo, los socialistas presentan que la adjudicación sea anulada. Si esto ocurre, los socialistas pedirán el rescate de la concesión o que se inicie de nuevo el proceso de adjudicación. El PSPV, en el plazo de quince días, solicitará al juzgado la suspensión cautelar de la adjudicación, al entender que hay sentencias europeas emitidas que avalan sus argumentos.

Por su lado, la portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Marta García-Romeu, del PP, recuerda que los populares están “muy acostumbrados” a que los socialistas “constantemente judicialicen la vida política”.

García-Romeu expresó su “respeto más absoluto” hacia la decisión del PSPV de acudir a los tribunales, si bien insistió en desconocer el fondo del asunto. “Si entienden que el pliego tiene que ser revisado por un órgano judicial, con toda tranquilidad, que procedan como consideren”, apuntó la portavoz, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.