La jubilada afectada por un error no será desahuciada de su piso
La familia atribuye el fallo a la matriz de Bankia pero no denunciará a la entidad
El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) no desahuciará a la jubilada de 75 años Encarna Pérez, propietaria de un piso en la avenida de Doctor Waksman de Valencia, y envuelta desde hace un año en un “error” que estuvo a punto de “dejarla” sin su vivienda, que carecía de cargas y fue comprada al contado en 1989, según su familia.
El abogado de Pérez, Manuel Morales, aseguró este martes que la matriz de Bankia confirmó que el inmueble realmente afectado por el desahucio es el número 30 y no el 36, donde res...
El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) no desahuciará a la jubilada de 75 años Encarna Pérez, propietaria de un piso en la avenida de Doctor Waksman de Valencia, y envuelta desde hace un año en un “error” que estuvo a punto de “dejarla” sin su vivienda, que carecía de cargas y fue comprada al contado en 1989, según su familia.
El abogado de Pérez, Manuel Morales, aseguró este martes que la matriz de Bankia confirmó que el inmueble realmente afectado por el desahucio es el número 30 y no el 36, donde reside desde hace dos décadas la jubilada. “Si no vemos la carta, mi clienta se queda sin piso”, insiste Morales en alusión a la notificación que avisaba del desahucio para el pasado miércoles. El letrado atribuye el fallo a un error del banco por haber reclamado la ejecución de una vivienda equivocada aunque declina denunciar a la entidad. “No quiero meter a Encarna en un calvario judicial. Ya ha tenido dos crisis nerviosas en el último año”, alega.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) insistieron este martes en que “no existió notificación alguna dirigida a la mujer ni acción de embargo contra ella ni su piso".
La familia, sin embargo, sostiene que el juzgado de Primera Instancia número 5 de Llíria (Valencia) sacó a subasta la vivienda de 75 metros de Pérez con un número de policía 34-36 (identificativo de fincas y portales) correspondiente al de la afectada. Y que así constó el pasado año en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Valencia, un órgano que depende del juzgado decano.
Una portavoz de Bankia argumentó este martes que la confusión respondió a “un error judicial a la hora de notificar la toma de posesión del inmueble”. Y situó el origen del fallo “en el mismo decreto de adjudicación que redacta el juzgado”.
Encarna Pérez cobra una pensión de 500 euros y se gastó 300 en el último año en registros y notarios para demostrar la propiedad de su vivienda. No pagará los gastos de su defensa –unos 600 euros- ya que su abogado es uno de sus sobrinos.