El PSC pregunta por el traslado de la delegada del Gobierno
Juan Carlos Corcuera plantea si el informe policial aduce que el motivo es el terrorismo, la delincuencia o el temor a un escrache
El PSC ha registrado varias preguntas escritas en el Congreso sobre el anunciado traslado del domicilio particular de la delegada del Gobierno en Cataluña a una torre de Pedralbes propiedad del Patrimonio del Estado. El diputado Juan Carlos Corcuera interroga sobre el coste que tendrá para las arcas públicas el cambio de residencia de María Llanos de Luna de su actual vivienda del Eixample al nuevo domicilio y en qué consistirán las obras.
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El PSC ha registrado varias preguntas escritas en el Congreso sobre el anunciado traslado del domicilio particular de la delegada del Gobierno en Cataluña a una torre de Pedralbes propiedad del Patrimonio del Estado. El diputado Juan Carlos Corcuera interroga sobre el coste que tendrá para las arcas públicas el cambio de residencia de María Llanos de Luna de su actual vivienda del Eixample al nuevo domicilio y en qué consistirán las obras.
También pregunta sobre los motivos de seguridad que esgrimen los cuerpos policiales para recomendar el traslado a una residencia que no se utilizaba desde 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno. En otra pregunta el diputado plantea qué novedades en materia de seguridad se han producido para que se recomienden el traslado al cabo de un año y medio del nombramiento de Llanos de Luna. En concreto, el diputado del PSC plantea si el informe policial aduce que el motivo es el terrorismo, la delincuencia o el temor a un escrache.
El último delegado del Gobierno en época del PSOE, Joan Rangel, renunció a la residencia oficial pese a que en aquellos años se acababa de producir el atentado islamista del 11-M y la amenaza etarra estaba viva. Su sucesora durante tres meses, Montserrat García, también renunció a esa vivienda oficial.
Fuentes del PSC consideran que el motivo real del traslado es crematístico. Al disponer de una propiedad que es Patrimonio del Estado, la Intervención remite a su usuario un informe con el coste que supone su uso para que se le descuente de su salario. Salvo que se argumenten razones de seguridad por los cuerpos policiales, como ha ocurrido en este caso.