El Gobierno propone sancionar a tres cargos públicos por impedir un desahucio

Ocho personas, entre cargos públicos del BNG y EU, funcionarios y activistas, pueden ser sancionadas con multas de 600 euros cada una por su participación en los incidentes que abortaron en febrero el desahucio forzoso de Aurelia Rey, la octogenaria vecina de A Coruña cuyos caseros querían recuperar el piso en alquiler en el que llevaba tres décadas viviendo. La Subdelegación del Gobierno, según confirmó hoy, ...

Ocho personas, entre cargos públicos del BNG y EU, funcionarios y activistas, pueden ser sancionadas con multas de 600 euros cada una por su participación en los incidentes que abortaron en febrero el desahucio forzoso de Aurelia Rey, la octogenaria vecina de A Coruña cuyos caseros querían recuperar el piso en alquiler en el que llevaba tres décadas viviendo. La Subdelegación del Gobierno, según confirmó hoy, abrió este expediente de sanción por alteración del orden público ante la denuncia de la policía nacional por la concentración sin permiso que acabó, en medio de disturbios, impedir la entrada al edificio de la calle Padre Feijóo de la comisión judicial que pretendía comunicar el desalojo forzoso de la anciana.

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, los concejales coruñeses José Manuel Carril (también del Bloque) y César Santiso (EU), así como el bombero que se negó a cortar la cadena que mantenía infranqueable el portal del edificio fueron, según la denuncia policial, los que más alteraron el ambiente y contribuyeron a los disturbios y zarandeos que se registraron con los agentes. Jorquera, para la policía, fue el que encabezó la concentración de unas 200 personas ante el edificio de Aurelia Rey. Está acusado de provocar reacciones del público para alterar la seguridad ciudadana. Los dos ediles coruñeses también fueron denunciados por oponer resistencia activa tanto a los agentes como a la comisión judicial que tenía que llevar a cabo el lanzamiento (desalojo) de la vivienda.

Tanto Carril como Santiso destacaron ayer desconocer la apertura de ese expediente ya que nadie de los ocho denunciados recibieron notificación alguna. Ambos concejales reiteraron que volverían a actuar igual y defendieron que no cometieron ningún delito. “Sólo evitamos una injusticia y no le tenemos miedo a este Estado represor”, aseveró Carril. Defiende que fue “una protesta legítima” para impedir “una injusticia social”. Santiso coincidió en lo mismo y arremetió contra las fuerzas de seguridad por considerar que fueron ellas las que “vulneraron” los derechos de los participantes en la concentración.

"El hecho de ser diputado o concejal no libra de cumplir las leyes", advirtió tajante el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Recordó que el desahucio forzoso de Aurelia Rey era "fruto de una sentencia firme" que había ordenado ejecutar "un juez". Aunque fuese "una situación de drama personal de una persona muy mayor con muchos problemas", prima el cumplimiento de la ley. Y en contra, remachó Juárez, "va el hacer una manifestación no comunicada e ilegal, el tratar de impedir que puedan actuar los funcionarios, el utilizar la violencia y el provocar una algarada en la calle". Invitó a los ochos expedientados a defenderse presentando un recurso contra su sanción. Además de este expediente sancionador contra ocho personas, la Comisaría de Policía de A Coruña también remitió tres denuncias a la Fiscalía contra los activistas que al colocar una cadena en el portal del edificio impidieron la entrada al mismo y pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos del inmueble.