El asedio ecologista al banco nunca existió

La acción que Ecologistas en Acción promovió ante la sede central de La Caixa, en diciembre de 2011, no es delictiva. La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra ocho miembros de la organización ecologista que desplegaron una enorme pancarta desde la octava planta del edificio para acusar a la entidad de “arrasar el planeta” con su política de inversiones. La caja de ahorros presentó una denuncia y el fiscal pedía para cada uno de los activistas ocho meses de cárcel por allanar un edificio abierto al público. Los magistrados sostienen, en cambio, que no hay delito y que se trató, se...

La acción que Ecologistas en Acción promovió ante la sede central de La Caixa, en diciembre de 2011, no es delictiva. La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra ocho miembros de la organización ecologista que desplegaron una enorme pancarta desde la octava planta del edificio para acusar a la entidad de “arrasar el planeta” con su política de inversiones. La caja de ahorros presentó una denuncia y el fiscal pedía para cada uno de los activistas ocho meses de cárcel por allanar un edificio abierto al público. Los magistrados sostienen, en cambio, que no hay delito y que se trató, sencillamente, de “una reivindicación socio-política” que se saldó, además, sin incidentes.

Luis González y otros siete miembros de la entidad ecologista han estado a un solo paso de sentarse en el banquillo de los acusados por una protesta que fue, a su juicio y ante todo, “no violenta”. El atestado de los Mossos d’Esquadra que cita la resolución judicial relata que los ecologistas “desplegaron una escalera” en el exterior del edificio de la avenida Diagonal y, “a través de ella, alcanzaron la escalera de emergencia”. Desde allí, se encaramaron hasta la octava planta y desplegaron el cartel para que fuera bien visible. Unas 300 personas les daban su apoyo desde la calle. La policía autonómica remarcó que no se produjo ningún tipo de incidente durante la protesta.

Un vigilante de seguridad del banco, David P., entró en escena y retuvo a los ocho activistas pese a que éstos le informaron de que su intención era “marcharse pacíficamente” por donde habían venido, según la sentencia. El vigilante, y ahí está una de las claves de este caso, pidió a los ecologistas que entraran al edificio para poder identificarles. Los magistrados de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona consideran que la irrupción de los ecologistas “no fue por voluntad propia, sino a instancia” de David P. Y añaden que, en todo caso, la intención de los imputados no era “entrar en la sede” o “mantenerse en ella”, sino “colocar unas pancartas”, según la resolución, de la que ha sido ponente Carmen Sánchez-Albornoz.

El auto judicial argumenta, además, que el acceso a las escaleras de emergencia “no constituye una vulneración del derecho a la intimidad” de La Caixa, ya que “no son lugar apto para el desarrollo de la vida jurídica de una entidad bancaria, sino un lugar de evacuación integrado en la fachada”.

Una ampliación del informe de la policía autonómica vino a complicar un poco más las cosas. Ese segundo atestado señalaba que una persona penetró en el edificio desde las escaleras de emergencia, bajó por el interior y abrió las puertas de la entidad, “permitiendo el acceso de muchas personas al edificio”. Las cámaras de vigilancia, en efecto, muestran a un individuo abriendo las puertas. Pero su identidad es desconocida y, en todo caso, está claro que no es ninguno de los ocho activistas porque en ese momento estaban retenidos en la octava planta “esperando la llegada de la policía”. Como estuvieron todo el tiempo retenidos por el vigilante, “difícilmente podían, al mismo tiempo, abrir las puertas de la planta baja y estar en dos sitios a la vez”.

La causa se archivó inicialmente, pero fue reabierta porque La Caixa interpuso una denuncia. La investigación concluyó el pasado verano. El juez dio traslado a las partes para que solicitaran la apertura de juicio oral. La Caixa se retiró como parte acusadora y solo el ministerio fiscal solicitó una pena de ocho meses de cárcel y una multa de 2.400 euros por el supuesto asedio a la entidad. La abogada de los activistas, Anaïs Franquesa, recurrió el auto judicial y ahora, 10 meses después, la Audiencia de Barcelona le ha dado la razón.