Los detenidos por un desahucio aceptan una condena para evitar la cárcel
El fiscal pedía tres años para la mujer y un año para los dos hombres Fueron acusados por los incidentes en el desalojo de una familia cubana en Alicante
Se librarán de la cárcel, pero por poco. Las tres personas implicadas en los disturbios que se registraron este martes en Alicante cuando miembros de la Plataforma Stop Desahucios y amigos de los afectados intentaron frenar un desalojo, por impago de alquiler, aceptaron este miércoles, durante la celebración de un juicio rápido, las penas de cárcel solicitadas por la fiscalía por atentados contra la autoridad. Los denunciados no entrarán en prisión porque las penas no superan los dos años.
La Policía Na...
Se librarán de la cárcel, pero por poco. Las tres personas implicadas en los disturbios que se registraron este martes en Alicante cuando miembros de la Plataforma Stop Desahucios y amigos de los afectados intentaron frenar un desalojo, por impago de alquiler, aceptaron este miércoles, durante la celebración de un juicio rápido, las penas de cárcel solicitadas por la fiscalía por atentados contra la autoridad. Los denunciados no entrarán en prisión porque las penas no superan los dos años.
La Policía Nacional denunció a una mujer cubana que amenazó a uno de los policías. A la mujer, que fue detenida y esposada en el acto, se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad con agravante. A los dos hombres, uno de ellos el marido de la acusada, se les imputan sendos delitos de atentado contra la autoridad. Los tres son de nacionalidad cubana y amigos de la familia que fue desahuciada. Todos ellos son disidentes cubanos del régimen castrista, que llegaron a España en 2011, gracias a un acuerdo entre el Gobierno español y la Iglesia cubana.
La mujer aceptó dos años de cárcel, pena que queda suspendida durante dos años siempre que no cometa ningún otro delito, según detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los tres acudieron al juzgado al ser citados por la Policía. La fiscalía solicitó una pena de tres años de cárcel para Idalmus Zayas, ya que durante el forcejeo entre los manifestantes y los policías se rompió un cristal de la puerta de la casa y, supuestamente, la detenida cogió un cristal roto con su mano y amenazó a un agente.
Los otros dos imputados son Juan Ventura e Iván Vargas, también cubanos, a los que el fiscal pedía un año de cárcel para cada uno de ellos. Tras declarar los policías y los acusados, la defensa optó por aceptar la pena para lograr una rebaja de la condena y evitar la cárcel, ya que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.
Stop Desahucios cree doblemente “injusta” esta condena
“Nos conformamos porque entendemos que jugárnosla en un juicio no es lo más adecuado, hemos optado por conformarnos y solicitar la suspensión de la pena, ya que los tres acusados no tienen ningún tipo de antecedente penal, son personas que no tienen nada que ver con el mundo de la delincuencia y se han visto en esta tesitura por necesidad”, aseguró Francisco Moreno, abogado de los detenidos. El letrado, a la puerta de los juzgados de Benalúa, admitió que si no aceptaban la pena se abriría un juicio penal contra los tres que comportaría “un cierto riesgo para ella de ingresar en prisión por defender lo que creía justo”, dijo.
Por su lado, José María Copete, portavoz del Stop Desahucios, tildó de “excesiva” esta pena que confirma “una injusticia, sobre otra injusticia anterior, como es la pérdida de una casa”. Stop Desahucios en Alicante lamentó que las Administraciones Públicas no “busquen soluciones para evitar este tipo de situaciones, y continúen sin dar respuesta adecuada a estas familias necesitadas”.
Stop Desahucios recordó que el matrimonio condenado tiene fijada una orden de desahucio para el próximo 26 de mayo.
Durante toda la mañana un grupo de unas 30 personas, convocadas por la plataforma, se concentraron en las puertas de los juzgados de Alicante mientras estaban siendo juzgados los detenidos. A la salida gritaron a los encausados: No estáis solos, no estáis solos.
Copete recordó que, aunque muchos de los desahucios por hipotecas se están paralizando, los desalojos por impago del alquiler, como el de la familia desahuciada se continúan ejecutando. “Una persona que no puede pagar su alquiler tiene el mismo derecho a una vivienda digna que alguien que está afectado por la hipoteca”, aseguró.