La juez rechaza el intento del exconsejero Blasco de retrasar su enjuiciamiento

El siete veces consejero de la Generalitat, portavoz parlamentario popular hasta hace unos meses y diputado autonómico, Rafael Blasco, no ha logrado su objetivo de retrasar, quizá durante años, el enjuiciamiento por el desvío de las ayudas del Gobierno valenciano al Tercer Mundo. En un ejemplo más del cada vez mayor mimetismo entre la defensas del incombustible político popular y las del núcleo central de la trama corrupta, Bl...

El siete veces consejero de la Generalitat, portavoz parlamentario popular hasta hace unos meses y diputado autonómico, Rafael Blasco, no ha logrado su objetivo de retrasar, quizá durante años, el enjuiciamiento por el desvío de las ayudas del Gobierno valenciano al Tercer Mundo. En un ejemplo más del cada vez mayor mimetismo entre la defensas del incombustible político popular y las del núcleo central de la trama corrupta, Blasco se había adherido a un recurso presentado por su amigo y supuesto codirector de la red, Augusto César Tauroni, y otros imputados oponiéndose a la división de la causa en dos piezas separadas. Una pretensión que ha sido rechazada por la juez.

La magistrada instructora, María Pía Calderón, decidió a finales de 2012 partir la causa con la finalidad de "simplificar y activar el procedimiendo", ganando de este modo "rapidez". Esa división permitirá juzgar en un plazo de meses la primera pieza separada, relativa a hechos del año 2008. Mientras que la segunda pieza, en la que se investigan supuestos delitos de 2009, 2010 y 2011 tardará mucho más tiempo en estar lista para que se abra juicio oral. Mantenerlas juntas hubiera situado el enjuicimiento conjunto en un horizonte de años.

La magistrada rechaza el recurso al considerar que aunque formalmente se dirige contra una resolución reciente, en realidad lo que pretende impugnar es una providencia de noviembre de 2012 (la que decidió la división de la causa), a la que las partes no se opusieron en su momento, y por tanto el asunto quedó “zanjado”.

En la primera pieza separada quedó la concesión de 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), pese a que no reunía los requisitos, para dos proyectos humanitarios en Nicaragua. El dinero terminó, sin embargo, en la compra de dos pisos con plaza de garaje en Valencia y en la cuenta corriente de una de las muchas empresas vinculadas a Tauroni. Según la Fiscalía Anticorrupción, el desvío de los fondos hubiera sido imposible sin el activo apoyo de funcionarios y cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que entonces dirigía Blasco. Y a lo largo de la tramitación, según la fiscalía, el consejero presionó, incluso con veladas amenazas laborales, a varios técnicos que se oponían a librar las ayudas en esas condiciones.

Blasco está imputado por seis delitos relacionados con la corrupción, incluido el cohecho

La segunda pieza, recuerda la juez, es más compleja porque afecta a un extenso “entramado de ONG”. Según ha revelado la investigación, esas Organizaciones No Gubernamentales sin apenas trayectoria estaban conectadas a Tauroni a través de su Fundación Hemisferio. Las millonarias ayudas que recibían eran absorbidas por otro entramado, en este caso empresarial, también controlado por Tauroni, mediante facturaciones simuladas. Siempre según la investigación, Tauroni, en prisión desde hace más de un año, invirtió parte de los fondos públicos defraudados en la compra de lujosos apartamentos en Miami, Estados Unidos. Otra parte del dinero habría ido a los bolsillos de distintos cargos públicos, includo Blasco, que está imputado por seis delitos, incluido el cohecho.

La segunda pieza abarca igualmente la investigación sobre la construcción de un hospital en Haití, planificado por el Consell a raíz del terremoto que asoló el país en 2010. Esta hubiera sido la gran estafa de la trama, ya que el presupuesto del proyecto ascendía a cuatro millones de euros y, detrás de la ONG a la que le fue adjudicado el proyecto estaba de nuevo Tauroni y su banda, según acreditan numerosas conversaciones telefónicas intervenidas por la policía. El plan se fue al traste tras la caída de Blasco del Gobierno valenciano en mayo de 2011.

Para apreciar el retraso que hubiera representado mantener unidas las dos piezas basta observar que los interrogatorios a los imputados por el desvío de los fondos de Haití (los 177.000 euros que aportaron los ciudadanos en una colecta realizada por la Generalitat acabaron en las arcas de la trama) todavía no han empezado.

Ello es debido a la situación próxima al colapso en que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que instruye todas las causas en las que están imputados diputados valencianos: casos Gürtel, Brugal, Blasco y Alperi.