La instrucción de la Operación Orquesta concluye con tres alcaldes procesados
El exregidor de Cee y su esposa, ambos concejales, también figuran entre los 26 políticos, funcionarios y constructores imputados en esta trama de la Costa da Morte que juzgará la Audiencia de A Coruña
Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte procesados por corrupción en la denominada Operación Orquesta. Tras tres años de pesquisas judiciales, que incluye miles de folios de escuchas policiales, el juez instructor cerró la investigación con un auto que propone sentar en el banquillo de acusados, en el juicio que habrá de celebrarse en la Audiencia de A Coruña, a un total de 26 person...
Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte procesados por corrupción en la denominada Operación Orquesta. Tras tres años de pesquisas judiciales, que incluye miles de folios de escuchas policiales, el juez instructor cerró la investigación con un auto que propone sentar en el banquillo de acusados, en el juicio que habrá de celebrarse en la Audiencia de A Coruña, a un total de 26 personas por participar supuestamente en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y desvío de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
Tráfico de influencias, prevaricación y cohecho son los delitos que se les imputan a los regidores José Manuel Traba (Fisterra) y José Manuel Santos (Mazaricos), ambos del PP y en libertad provisional desde febrero de 2011. Procesado por los mismos cargos también está el mandatario de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema. El exalcalde de Cee y ahora portavoz en la oposición, el independiente Ramón Vigo, sigue apareciendo, según el auto judicial, como uno de los principales encausados en este entramado. Además de los tres mencionados delitos, también se le achaca el de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Idénticos cargos pesan contra Pilar Iglesias, también edil de Cee y esposa de Vigo. Éste último, desbancado de la Alcaldía hace un año mediante una moción de censura promovida por PP y nacionalistas, tuvo que pagar una fianza de 29.000 euros para evitar la cárcel tras su detención en febrero de 2011, cuando el entonces titular del juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro –el viernes pasado cambió de destino- ordenó una operación de registro y detenciones en los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Los Ogando, padre e hijo constructores de Muxía, encabezan igualmente la lista de acusados por esta trama corrupta destapada por casualidad en 2010, a raíz de escuchas policiales para una investigación sobre una trama de tráfico de drogas en la comarca. Todo partió de conversaciones de Vigo con el representante de orquesta, Jorge López, imputado por varios delitos. Los de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos también pesan contra empleados públicos de los ayuntamientos afectados.
Por el contrario queda fuera y libre de imputación el funcionario del juzgado de paz de Muxía, Carlos Rey Paz, que figuraba en este abultado sumario acusado de “poseer, dirigir y protagonizar su propia actividad defraudatoria” al margen de los manejos de los alcaldes y constructores implicados. Se le imputó por “falsificar facturas para obtener subvenciones de forma fraudulenta” de la Xunta, “en clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, y buscar un reedito electoral del PP de Corcubión. Pero el juez instructor considera ahora que no hay indicios suficientes contra Rey Paz.
La Fiscalía, única acusación en esta causa, se había sin embargo opuesto hace un año a sobreseer las diligencias contra este funcionario por considerar que “eran numerosísimas las cuestiones a juzgar”. El Ministerio público deberá ahora, una vez recibido el auto que cierra la instrucción para la apertura de juicio oral, presentar su escrito de acusaciones contra cada uno de la casi treintena de imputados. Sus abogados también remitirán sus escritos de defensa y el caso se trasladará entonces a la Audiencia de A Coruña, que tiene la última palabra sobre quienes finalmente se sentarán en el banquillo de acusados en el juicio.