Los frentes de la investigación
El principal escollo que afronta el presidente son los tres informes que alertan irregularidades emitidos por la Intervención General
Al margen de la investigación que busca identificar a los “verdaderos beneficiarios” del fondo de los ERE fraudulentos que devino hace dos semanas en la Operación Heracles, la juez Mercedes Alaya tiene abiertos otros muchos frentes. Uno de ellos afecta directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando ocupaba el cargo de consejero de Economía y Hacienda.
La juez ...
Al margen de la investigación que busca identificar a los “verdaderos beneficiarios” del fondo de los ERE fraudulentos que devino hace dos semanas en la Operación Heracles, la juez Mercedes Alaya tiene abiertos otros muchos frentes. Uno de ellos afecta directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando ocupaba el cargo de consejero de Economía y Hacienda.
La juez ha señalado a Griñán en diferentes autos, pero siempre sin nombrarle. Y el principal escollo que afronta el presidente son los tres informes emitidos por la Intervención General, que alertó de las irregularidades derivadas del procedimiento establecido. El exinterventor Manuel Gómez, a las órdenes entonces de Griñán, elevó duros escritos que censuraban el fondo y sus formas opacas. Hasta en 15 ocasiones distintas alertó de las irregularidades. Pero sus quejas fueron ignoradas y el Gobierno continuó aprobando el fondo año tras año. Griñán ha insistido en que el interventor pudo haber emitido un informe de actuación que habría alertado del menoscabo de fondos públicos y no lo hizo. Mientras, el exinterventor negó la mayor y cargó contra Griñán.
El presidente asegura que no accedió al contenido de los documentos pese a que estaban remitidos al titular de la Consejería de Hacienda. Mientras, la Guardia Civil ha puesto en duda esta versión y subrayó en un atestado que los informes “debían ser conocidos” por el consejero de Economía. Además, los agentes resaltan las siete ampliaciones presupuestarias por 124 millones que autorizó el Consejo de Gobierno.