¿Y a mí cuándo me toca?

Los olvidos y silencios salen caros, sobre todo cuando se trata de emitir un voto imprescindible a la hora de sacar adelante una propuesta que va a cambiar el signo político de un municipio. Algo que han comprobado los tres grupos políticos que presentaron el 1 de junio de 2012 una moción de censura en Campo Real (5.668 habitantes), que desalojó a la alcaldesa, Concepción Guerra, del PP, del sillón consistorial. Hasta ahora, porque una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid considera nulos de pleno derecho la aprobación de dicha moción y la proclamación como alcalde d...

Los olvidos y silencios salen caros, sobre todo cuando se trata de emitir un voto imprescindible a la hora de sacar adelante una propuesta que va a cambiar el signo político de un municipio. Algo que han comprobado los tres grupos políticos que presentaron el 1 de junio de 2012 una moción de censura en Campo Real (5.668 habitantes), que desalojó a la alcaldesa, Concepción Guerra, del PP, del sillón consistorial. Hasta ahora, porque una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid considera nulos de pleno derecho la aprobación de dicha moción y la proclamación como alcalde de Felipe Moreno Morera, del grupo Centro Democrático Liberal (CDL), por vulnerar el derecho fundamental de participación política de Guerra. Por lo que, dice el fallo, “deberá reponérsele en el cargo de alcaldesa de dicho municipio”.

La resolución judicial concluye que uno de los concejales que apoyó la propuesta, Miguel Ángel Escobar, del Partido Independiente (PI), no votó, a pesar de estar presente en la sesión plenaria, lo que provocó que no se alcanzara la mayoría necesaria para aprobar la propuesta. La votación se realizó a viva voz con el resultado de seis votos en contra del PP y seis a favor, repartidos en cuatro del CDL, uno del PI y uno del PSOE. Faltaba un sufragio, el de Escobar, del PI. A la secretaria se le olvidó llamarle para que diera su voto, según la sentencia de forma involuntaria. En ese momento, nadie pareció darse cuenta. No hubo protestas, ni del edil, ni de la alcaldesa, ni de los concejales del PP que perdían el gobierno municipal.

El pleno continuó y la secretaria contabilizó el voto de Escobar, aunque no lo había emitido. La moción prosperó con el resultado de siete sufragios a favor y seis en contra. “Sencillamente se calló, permitiendo de forma incomprensible que se realizara una proclamación que no se correspondía con el resultado de la votación”, indica la sentencia en referencia a la actitud de Escobar. En el mismo acto se entregó el bastón de mando al nuevo alcalde del CDL. Pero, como dice el fallo, realmente no se alcanzó la mayoría absoluta que exige la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General.

¿Cómo pudo ocurrir? Escobar explica que el desencadenante de este importante error fue “un malentendido”, y que se siente “una víctima”, pero con la conciencia tranquila “porque no ha hecho daño a nadie”. Describe el pleno del 1 de junio como muy tenso, con insultos desde el público. Una situación, incluidos cámaras de televisión y periodistas, a la que él no está acostumbrado y que le sobrepasó. “Estaban todos los alcaldes de la zona del Partido Popular, además de familiares de la alcaldesa. Hubo gente del pueblo que se tuvo que quedar fuera”, relata el edil.

En ese ambiente se dio paso a la votación oral, por petición de la todavía alcaldesa. “Se hizo de forma muy desordenada. La secretaria nos nombró sin ningún orden lógico y a mí no me llamaron. No reaccioné. Había mucha tensión”, continúa. Cuando se quiso dar cuenta, el nuevo alcalde ya estaba nombrado. Escobar alude a su poca experiencia política para explicar su actitud en ese momento y a no querer incrementar la crispación que se vivía en el salón de plenos. No calculó las implicaciones de su decisión. “Yo me considero vecino, no político y, de hecho, soy independiente. Me presenté porque no me gustaba cómo estaba el pueblo y apoyé la moción de censura por el estado de las cuentas y la falta de transparencia del gobierno del PP”, explica.

Para el juzgado su silencio durante el pleno no se puede interpretar como un sí, solo porque hubiera firmado previamente la moción, porque “la experiencia pone de manifiesto que en el momento en el que se produce este tipo de votaciones por el debate, el ambiente crispado, o incluso pactos o promesas ocultas, hacen cambiar de opinión y oponerse a algunos de los que en un principio la apoyaban”.

La sorpresa saltó pasados unos días. El 5 de junio, al repasar los vídeos de la sesión plenaria se descubrió que a Escobar ni se le había llamado, ni emitió el voto, ni protestó por ello. Concepción Guerra interpuso un contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento. Argumentaba que al no haberse alcanzado una mayoría legalmente necesaria, se vulneraba su derecho fundamental a participar en los cargos públicos.

El nuevo equipo de gobierno, del que ya formaba parte Escobar como responsable de Servicios Sociales, Mayor, Empleo y Participación Ciudadana, decidió volver a repetir la votación en un intento de revertir la situación. El nuevo pleno se celebró el 25 de junio de 2012. Sin sorpresas en esta ocasión: siete ediles a favor, incluido Escobar. Los concejales del PP decidieron abandonar la sesión y no ejercer su derecho. Pero la sentencia deja claro que la primera votación fue válida, porque quien podía impugnarla (por Escobar) no lo hizo, por lo tanto el alcalde entrante ni los grupos políticos que promueven la moción no pueden volver a repetirla para modificar su resultado “solo porque es contrario a sus intereses y al margen del procedimiento legalmente establecido”.

De momento, los populares de Campo Real están a la espera de ver cómo se resuelve la situación creada. Concepción Guerra, por su parte, ha declinado realizar algún tipo de declaración hasta que la situación no vuelva a la normalidad.

El CDL, grupo al que pertenece Moreno, tiene previsto mantener hoy una reunión con el Comité de Madrid y estudiar el expediente con los servicios jurídicos con los que decidirán las acciones a seguir, que podrían pasar por interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.