Más empleados de Emesa intentaron entrar a la zona incendiada de la M-30

La empresa culpa a los dos responsables de mantenimiento de sus muertes

Un número indeterminado de empleados de la Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30, SA (Emesa) intentaron entrar en la zona incendiada el pasado 26 de octubre donde murieron dos responsables de mantenimiento. Así se desprende de las declaraciones de los propios empleados y de los bomberos y policías hechas ante los agentes de la Policía Municipal. Hoy está previsto que el responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, comparezca en el pleno del Ayuntamiento para explicar lo ocurr...

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Un número indeterminado de empleados de la Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30, SA (Emesa) intentaron entrar en la zona incendiada el pasado 26 de octubre donde murieron dos responsables de mantenimiento. Así se desprende de las declaraciones de los propios empleados y de los bomberos y policías hechas ante los agentes de la Policía Municipal. Hoy está previsto que el responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, comparezca en el pleno del Ayuntamiento para explicar lo ocurrido en la tarde de aquel fatídico viernes.

En el siniestro fallecieron el jefe de mantenimiento de Emesa, Sergio Martínez Pérez, de 36 años, y el encargado de este área, Gregorio Camacho Díaz, de 52. Fueron hallados en la parte opuesta a la estancia en la que se inició el fuego una hora y media después de haberse extinguido. Estaban junto a unas botellas de nitrógeno que no se activaron por estar vacías y carecer del necesario compresor que expulsara este elemento.

El informe realizado por los agentes de Policía Judicial y que ha sido entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid recoge que “en diferentes ocasiones” los bomberos del Ayuntamiento de Madrid solicitaron al personal de Emesa y de Calle 30 que no accediera nadie de su personal a la planta del siniestro “sin equipo de respiración autónoma y sin autorización de los bomberos”. Sin embargo, estas órdenes fueron desoídas por varios empleados de Emesa, a pesar de que sus vidas corrían serio peligro, como se demostró momentos después.

Dos fallecidos

El incendio se detecta alrededor de las cinco de la tarde en la salida de emergencias de la calle de Valderribas.

Al lugar se desplazan varias dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, del SAMUR y de la unidad de tráfico de la Policía Municipal, además de personal de Emesa.

Los bomberos dan por extinguido el incendio a las 20.14 tras haber acabado con las llamas y evacuado el humo del pozo.

A las 21.15 los responsables de Emesa dan la voz de alarma de que faltan dos trabajadores de mantenimiento. Estos son hallados en una estancia situada a unos 30 metros del lugar del incendio.

La declaración de un trabajador de la empresa resulta esclarecedora. Este confiesa a los agentes que existió una descoordinación manifiesta entre los responsables: “Había momentos en que no se sabía dónde estaba el personal”. “Los responsables no decían nada de lo que había pasado allí y a A. P. en una conversación telefónica se le escuchó decir en modo de queja que no podía hacerse cargo de saber dónde estaban los trabajadores de la empresa Emesa en cada momento”, afirma este trabajador.

A renglón seguido, añade que algunos compañeros suyos, en concreto dos, “andaban entrando y saliendo del pozo, sin los equipos de respiración de protección”. Las soluciones, según este empleado, no llegó hasta el sábado: “Al día siguiente le llamó la atención cómo Emesa, para controlar a todo su personal, colocó un operario apuntando todo aquel que entraba y salía del pozo, así mismo apuntaba tanto a los bomberos del Ayuntamiento, SAMUR, policía y una empresa de limpieza”, concluye.

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La que sí ha querido exculparse de toda responsabilidad es la dirección de Emesa, que remitió un informe a los agentes de Policía Judicial. A lo largo de 10 folios, culpa a los dos trabajadores de sus muertes: “Nadie de Emesa ordenó a los trabajadores accidentados que accedieran a las instalaciones existentes en el pozo 4, ni más concretamente, a la sala en la que aparecieron sus cuerpos”, cita textualmente el informe. Este mantiene que los trabajadores accidentados junto con otros compañeros participaron “activamente” en algunos requerimientos de los bomberos.

También recuerda que el mando de las operaciones residía en los bomberos y que todo el personal de Emesa “era conocedor de este hecho”.

Gómez Angulo comparece hoy en el pleno para explicar lo ocurrido

En el documento, hace una detallada exposición de la formación con que contaban los dos fallecidos, que comenzaron a trabajar para Emesa en verano de 2006. Ambos habían asistido a numerosos cursos de prevención de riesgos laborales e incluso, en el caso de Sergio Martínez, daba él mismo la formación. También habían acudido a tres simulacros de accidentes múltiples realizados entre los años 2009 y 2011. “Por su cualificación profesional, experiencia y formación, ambos trabajadores conocían los riesgos de su trabajo, y disponían de formación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales, medidas de emergencia, lucha contra incendios y evacuación”, recoge el informe.

Y todo ello para concluir que la causa inmediata del accidente fue “la inhalación de humo y/o gases por determinar”. El forense fijó que las muertes se produjeron por respirar gases sulfurosos procedentes de las baterías que había en el pozo 4. “Causas secundarias o mediatas: entrada indebida de los trabajadores en las instalaciones”, concluye el informe.

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Para rematar su falta de responsabilidad, el último párrafo del escrito de Emesa rechaza incluso cambiar los protocolos de actuación: “No es posible proponer las medidas correctoras frente a una actuación desconocida por Emesa si bien en materia formativa se propone realizar recordatorios de la obligatoriedad de seguir el plan de autoprotección proporcionado”.

Este periódico intentó recabar ayer sin éxito la versión de la empresa. Los responsables de Emesa agradecieron esta invitación, pero declinaron hacer ningún tipo de declaración.

La Policía Municipal ofreció al Ayuntamiento de Madrid el posible inicio de acciones legales contra Emesa por los daños sufridos en las instalaciones del pozo 4. Los peritos tasaron en cerca de 1,3 millones de euros los destrozos ocasionados por las llamas. En caso de que los sistemas antiincendios hubieran funcionado, las llamas no habrían pasado de un pequeño fuego, según reconocen varios mandos de los bomberos del Ayuntamiento. Hoy se espera que Gómez Angulo explique si el Consistorio iniciará acciones legales.

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