Los padres creen que el decreto de Català prima a la concertada
La Administración no ha creado las plazas públicas suficientes
La Confederación Gonzalo Anaya manifestó ayer su oposición al proyecto de decreto de admisión de alumnos anunciado por la consejería de Educación, María José Català porque, a su juicio, “favorece” a los centros concertados y “desprotege” a la escuela pública.
“La pretensión es traspasar el alumnado hacia la concertada por no haber creado plazas públicas suficientes”, asegura en un comunicado el presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, Tomás Sempere.
Catalá anunció ayer que su departamento prevé tener aprobado en febr...
La Confederación Gonzalo Anaya manifestó ayer su oposición al proyecto de decreto de admisión de alumnos anunciado por la consejería de Educación, María José Català porque, a su juicio, “favorece” a los centros concertados y “desprotege” a la escuela pública.
“La pretensión es traspasar el alumnado hacia la concertada por no haber creado plazas públicas suficientes”, asegura en un comunicado el presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, Tomás Sempere.
Catalá anunció ayer que su departamento prevé tener aprobado en febrero el nuevo decreto de admisión de alumnos, que implantará el distrito único en la mayor parte de la Comunidad, excepto en ciudades de más de 50.000 habitantes como Valencia, donde se reducirán las 19 áreas de Primaria y las 10 de Secundaria en cuatro o cinco. En el mismo sentido se pronunció ayer la presidenta de FAPA-Valencia, Remei Santacatalina, que cuestionó la ampliación a diez de los centros para elegir, porque los padres no tendrán posibilidad real de elegir, sino de coger lo que puedan.
La consejera de Educación, María José Català, insistió en esa posibilidad a partir del próximo curso los padres de 10 centros para escolarizar a sus hijos —en lugar de los tres actuales—, porque la implantación del distrito escolar único supone “establecer un orden de prioridades mayor”.
Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obliga a la Consejería a implantar una línea en valenciano en Picassent, Català señaló que la Administración “velará” para que se cumpla dicha resolución y también para que “siempre haya un equilibrio entre valenciano y castellano”. La Consejería adoptará una posición sobre la cuestión cuando el documento judicial le llegue por los trámites oficiales.