El tribunal que condenó a Oubiña por blanqueo decidirá si vuelve a prisión
La vista se celebrará mañana en presencia del narcotraficante y su abogado
La vuelta a la cárcel del traficante de hachís que más tiempo ha permanecido en las cárceles españolas depende de la decisión del tribunal que acaba de condenarle a casi cinco años de prisión por blanqueo de dinero. Dos meses después de haber zanjado sus deudas con la justicia, la última palabra sobre la libertad de Laureano Oubiña la tiene ahora el mismo tribunal que en agosto pasado también le absolvió de una pena mayor por el mismo delit...
La vuelta a la cárcel del traficante de hachís que más tiempo ha permanecido en las cárceles españolas depende de la decisión del tribunal que acaba de condenarle a casi cinco años de prisión por blanqueo de dinero. Dos meses después de haber zanjado sus deudas con la justicia, la última palabra sobre la libertad de Laureano Oubiña la tiene ahora el mismo tribunal que en agosto pasado también le absolvió de una pena mayor por el mismo delito.
Oubiña tendrá que comparecer mañana con su abogado en la Audiencia Nacional para asistir a una vista oral en la que el fiscal del caso defenderá ante el tribunal sentenciador la conveniencia de que el condenado ingrese en prisión, al considerar que existe un alto riesgo de que se fugue dados sus antecedentes.Su abogado, el conocido penalista madrileño Joaquín Ruiz Jiménez, que ya le representó en anteriores procesos, podrá rebatir la petición del fiscal pero tendrá que aportar pruebas convincentes de que su cliente no va a sustraerse de la acción de la justicia hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación contra el fallo que presentará el próximo lunes.
Nada más conocerse la sentencia, la Fiscalía Antidroga solicitó la celebración de la vista para que se adopten medidas cautelares. En su escrito, la fiscalía valora que la elevada condena impuesta agrava la situación procesal de Oubiña y cree que es necesario evaluar sus circunstancias personales que requieren, en su opinión, la adopción de medidas que aseguren que el condenado no va a huir.
La propuesta del fiscal, Javier Redondo, es acordar bien la prisión incondicional de Oubiña por el tiempo máximo de dos años que establece la ley en estos casos, que cumpla como preventivo la mitad de la condena o que se le imponga una fianza elevada en el supuesto de que los magistrados se inclinen por que siga en libertad. La petición valora la escasa posibilidad de que el recurso del condenado prospere en el Supremo porque en caso contrario Oubiña podría incluso reclamar una indemnización al Estado. La fiscalía considera que la sentencia “está bien fundamentada”.
Es probable que la decisión se conozca mañana mismo, al término de la vista que comenzará a las diez de la mañana, según adelantaron fuentes judiciales. Si acuerda el ingreso en prisión de Oubiña, este podría regresar a la cárcel en cuestión de horas.
El desenlace del noveno proceso judicial contra Oubiña marca un precedente en la historia del narcotráfico. En casos similares, la justicia se ha inclinado por adoptar medidas cautelares antes de la celebración del juicio y cuando el acusado se encontraba en libertad bajo fianza, acordando su detención en previsión de una sentencia condenatoria.
El pasado de Oubiña y su fuga en 1999, cuando esta misma Sección Cuarta de la Audiencia Nacional le impuso la primera condena de cuatro años por tráfico de hachís, marcó para siempre su larga carrera penitenciaria.Una prolongada fuga que acabó con su captura en Grecia y un proceso de extradición que durante meses abrió portadas de periódicos y telediarios. Desde entonces Oubiña ha permanecido en prisión hasta el pasado 17 de julio.
El castigo del narco fugado no se hizo esperar y las primeras medidas llegaron avaladas por la condena. Una de ellas la adoptó el entonces juez instructor de casi todas sus causas, Baltasar Garzón, cuando firmó un auto acordando iniciar el proceso para decomisar el pazo Baión. Otro sonado episodio en su historial vino del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, que pretendía que Oubiña cumpliese el tercer grado realizando servicios sociales. El auto quedó sin efecto porque el reo no salió de la cárcel en la fecha prevista al ser expedientado por tener un móvil en la celda.