Investigada una oposición de la Policía Local de Quijorna
Un juzgado indaga sobre si la alcaldesa prevaricó al modificar el nombre de los admitidos
El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles investiga si la alcaldesa de Quijorna, Mercedes García Rodríguez, cometió el delito de prevaricación administrativa al modificar el nombre de los admitidos en una oposición de policías locales, según auto del pasado 12 de abril. La juez ha admitido a trámite una denuncia presentada por el Grupo Independiente de Quijorna sobre posibles irregularidades en la decisión de la regidora de incluir entre los aprobados al sobrino de la concejal del PP Rosa María Huecas, cuando inicialmente no estaba. Germánico H. O., sobrino de la edil, quedó séptimo en un...
El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles investiga si la alcaldesa de Quijorna, Mercedes García Rodríguez, cometió el delito de prevaricación administrativa al modificar el nombre de los admitidos en una oposición de policías locales, según auto del pasado 12 de abril. La juez ha admitido a trámite una denuncia presentada por el Grupo Independiente de Quijorna sobre posibles irregularidades en la decisión de la regidora de incluir entre los aprobados al sobrino de la concejal del PP Rosa María Huecas, cuando inicialmente no estaba. Germánico H. O., sobrino de la edil, quedó séptimo en un examen con seis plazas.
La decisión inicial del tribunal de la oposición fue modificada posteriormente, eliminando al sexto en beneficio del sobrino de la concejal. La denuncia de los independientes de Quijorna sostiene, además, que un nuevo decreto de la alcaldesa volvió a modificar el resultado eliminando al aspirante que había quedado en tercer lugar. Todo en beneficio de Germánico y del aspirante que había sido apartado inicialmente de la oposición, y perjudicando a Félix D. M.
“Yo no tengo nada que ver con todo eso”, se defiende la alcaldesa, que explica que todo el proceso es legal. Justifica la modificación del acta porque el opositor que finalmente fue excluido medía menos de la estatura mínima (1,70). Pero el perjudicado recurrió a los tribunales, que le dieron la razón y obligaron al Consistorio a rehacer todo el proceso.