Costa admite al juez que ya mandaba en la campaña de 2007
El exsecretario general del PP declara cuatro horas por la financiación ilegal de los populares
El diputado autonómico y exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, volvió este viernes al Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar como imputado en la causa de financiación ilegal de su partido, enmarcada en el caso Gürtel. Costa negó ante el juez los hechos que se le atribuyen: un delito electoral en la campaña de las elecciones municipales y a...
El diputado autonómico y exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, volvió este viernes al Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar como imputado en la causa de financiación ilegal de su partido, enmarcada en el caso Gürtel. Costa negó ante el juez los hechos que se le atribuyen: un delito electoral en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en 2007 y otro de falsificación mercantil (susceptible de reconvertirse en otro delito electoral) en la campaña de las generales de 2008. El diputado rechazó que tuviera competencias en el ámbito de la financiación y tendió a desviar las responsabilidades hacia la gerencia territorial, que ocupa Cristina Ibáñez desde 1995, el año en que los populares alcanzaron la Generalitat.
El diputado admitió, sin embargo, a preguntas de la defensa de Ibáñez, que en la campaña de 2007, pese a que formalmente aún no era secretario general, sino vicesecretario, ya tomaba decisiones, porque su antecesora en el cargo, Adela Pedrosa, estaba concentrada en su candidatura a la alcaldía de Elda, indicaron fuentes jurídicas. El relevo de Pedrosa por Costa fue anunciado por el expresidente Francisco Camps a mediados de junio de ese año, y las elecciones de tuvieron lugar un mes antes.
El núcleo de la causa que instruye el magistrado José Ceres se centra en el supuesto pago irregular, por parte de ocho empresas constructoras, de actos electorales del partido en las dos campañas electorales. Los actos los organizaba Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Y, según la investigación, las constructoras y la empresa de la red corrupta elaboraban posteriormente facturas por falsos servicios que encubrían en realidad el pago de los actos electorales.
La causa ha generado tensiones estos meses entre Costa y la dirección regional del partido, que han llegado a cruzar escritos dirigidos al juez. El exnúmero dos del partido pidió al juez, sin éxito, que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, entonces secretario general del PPCV.