El Consell pone en almoneda la Ciudad de la Luz
La Generalitat está dispuesta a sacar el complejo a subasta pública El plan de pagos a proveedores permitirá mantener 14.000 empleos
El Consell ha tirado la toalla con la Ciudad de la Luz y ha decidido hacer almoneda con el faraónico proyecto que imaginó el cineasta Luis García Berlanga y que levantó Eduardo Zaplana en los terrenos de Aguamarga, en Alicante. La decisión de la Comisión Europea de reclamar a la empresa pública la devolución a las arcas autonómicas de 265 millones por competencia desleal ha sido la puntilla para unos estudios cinematográficos que son deficitarios.
La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Lola Johnso...
El Consell ha tirado la toalla con la Ciudad de la Luz y ha decidido hacer almoneda con el faraónico proyecto que imaginó el cineasta Luis García Berlanga y que levantó Eduardo Zaplana en los terrenos de Aguamarga, en Alicante. La decisión de la Comisión Europea de reclamar a la empresa pública la devolución a las arcas autonómicas de 265 millones por competencia desleal ha sido la puntilla para unos estudios cinematográficos que son deficitarios.
La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Lola Johnson, aseguró este miércoles en el pleno de las Cortes Valencianas que el Consell estaba dispuesto a sacar en subasta pública la Ciudad de la Luz. “Estamos abiertos a cualquier solución, incluida la venta, alquiler u otro tipo de colaboración público-privada”, dijo refiriéndose al futuro de los estudios cinematográficos.
Johnson respondía así a una pregunta que la diputada de Compromís Mireia Mollà formuló en las Cortes Valencianas en la que se interesaba por saber qué iba a pasar con el complejo de Aguamarga después de que La Unión Europea (UE) declarara ilegales las ayudas concedidas a los estudios. Mollà también se refirió a las “sombras” en la gestión de los estudios e instó al Consell a negociar con la UE la devolución de las subvenciones debido al coste social que supondrá el desembolso de 265 millones para las arcas públicas.
Lola Johnson se mostró convencida de la legalidad de las ayudas otorgadas por el Gobierno valenciano a los estudios y anunció su intención de dialogar con la Comisión para estudiar “alternativas de desinversión”.
La consejera añadió que el Consell estaba tranquilo tras la decisión de la UE y subrayó que el dinero invertido en el complejo estaba bien empleado, también defendió la legalidad de las subvenciones y acusó a los servicios técnicos de la Comisión Europea de hacer u informe con “puntos débiles y muchas inconsistencias técnicas”. La consejera explicó que la propia Comisión consideró necesario encargar un segundo informe a un consultor externo porque tenía “serias dudas” del inicial que fue contestado en su día por Generalitat.
En la sesión de control al Gobierno valenciano también compareció el vicepresidente del Consell. José Ciscar aseguró que el plan de proveedores permitirá el mantenimiento de 14.000 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. El plan incluía facturas pendientes de pago por valor de 4.000 millones de euros. Ciscar, que respondía a una pregunta del diputado del PP Vicente Betoret, subrayó que la Generalitat había actuado con “absoluta transparencia” en el proceso de elaboración del plan que permitirá que los proveedores de la administración autonómica puedan cobrar a partir del 1 de junio.
El grupo socialista interpeló al consejero de Hacienda sobre la existencia de algún tipo de mecanismo que pudiera compensar de forma anual los intereses que generan los impagos de la Generalitat a los ayuntamientos. José Manuel Vela negó que estuviera prevista ninguna medida semejante y subrayó que todas las tesorerías de las administraciones públicas se encuentran en una situación que calificó de “delicadísima”, asegurando que las soluciones deben tener carácter estatal.