Málaga perdona 70,3 millones a una promotora a cambio de suelo

Hace seis años, en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Málaga firmó un convenio urbanístico con la promotora Comarex para recalificar los suelos que ocuparon los antiguos depósitos de combustible de Repsol y triplicar la edificabilidad permitida en la zona, a cambio de ingresar en las arcas municipales 82 millones de euros. Ahora, cuando la nueva ordenación urbanística de la zona ya está definitivamente aprobada, la burbuja inmobiliaria está pinchada y el sector asolado...

Hace seis años, en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Málaga firmó un convenio urbanístico con la promotora Comarex para recalificar los suelos que ocuparon los antiguos depósitos de combustible de Repsol y triplicar la edificabilidad permitida en la zona, a cambio de ingresar en las arcas municipales 82 millones de euros. Ahora, cuando la nueva ordenación urbanística de la zona ya está definitivamente aprobada, la burbuja inmobiliaria está pinchada y el sector asolado en una profunda crisis, la promotora vinculada a NovacaixaGalicia no puede hacer frente al pago de los 70,3 millones de euros que le quedan pendiente, ni tiene el mismo interés en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos en la ciudad costera.

 Pero en lugar de revisar o revocar el convenio, el Ayuntamiento de Málaga ha optado por convertirse en copropietario de los derechos edificatorios y mantener el macro proyecto de construcción de cuatro torres de entre 35 y 29 plantas. El consistorio perdona el pago de los 70,3 millones pendientes, y a cambio se queda con las dos terceras partes de los aprovechamientos urbanísticos.

Desde el punto de vista del alcalde, Francisco de la Torre, la solución adoptada es “una muy inteligente defensa del interés público”. “No renunciamos a nada, sino que recuperamos nuestra propiedad”, ha dicho. Pero la oposición no lo ve así en absoluto, y llama la atención sobre el riesgo que supone al Ayuntamiento meterse en una operación de tinte especulativo e innecesaria con suelos que no eran de su propiedad y cuyo uso urbanístico tiene la potestad de decidir. Lo más chocante del caso es que no hay una revisión de la valoración de los aprovechamientos, cuando las expectativas del mercado han cambiado radicalmente en los seis años transcurridos desde la firma del convenio.

El Ayuntamiento de Málagano tiene intención de acometer promociones inmobiliarias en los suelos que le corresponden, y lo que pretende es volver a ponerlos en el mercado y venderlo a terceros promotores. Pero el momento económico no es propicio para este tipo de operaciones y además está por ver el valor que podrían tener ahora unos suelos cuyas expectativas se valoraron en 70 millones hace seis años.

La caída del ladrillo obliga a revisar los convenios de Málaga

El portavoz adjunto del PSOE, Carlos Hernández-Pezzi, advierte de que si se viera rentabilidad en el desarrollo urbanístico previsto, el promotor no se desharía de los aprovechamientos y se pregunta “qué sentido tiene quedarse con unos derechos que no quiere su propietario”. IU acusa al equipo de Gobierno de “atender más a la cuenta de resultados y beneficio de las promotoras que al interés general de la ciudad”. El concejal Eduardo Zorrilla recuerda el rechazo que el propio Ayuntamiento de Málaga mostró con una resolución de pleno a que la Junta andaluza recibiera el pago de la deuda histórica en solares y no con dinero, y asegura que ahora ocurre lo mismo, pero encima con un valor muy incierto.

 El alcalde en cambio considera que el acuerdo alcanzado con Torres del Bulevar, nuevo nombre de la promotora, permite que sea ahora el Ayuntamiento “quien lleva la batuta” en un proyecto que supondrá una auténtica innovación en el urbanismo de la ciudad. Justamente, la operación obedece al propósito del el Ayuntamiento de no querer perder la oportunidad de levantar un complejo que supone toda una innovación.

La zona de los depósitos, revalorizada además por la apertura del bulevar sobre las vías ferroviarias soterradas contempla la construcción de 1.331 viviendas, 400 de ellas de VPO y el desarrollo de 44.387 metros cuadrados de superficie comercial y otros 28.500 de equipamientos. Las viviendas libres se construirán en cuatro grandes edificios de entre 29 y 35 plantas, que serán los más altos de la ciudad. Las VPO irán en otros bloques de 14 plantas máximas en otro lado del área, con un entorno de 80.000 metros cuadrados de parque.

Según el Ayuntamiento, “se trata de una propuesta de carácter emblemático, basada en la calidad arquitectónica y de mayor intensidad y mezcolanza de usos con los que se genere, en una zona de enormes carencias, un nuevo área de centralidad y referencia urbana en la ciudad, con edificaciones de singular altura que respondan a las nuevas personalidades urbanísticas del lugar”. El proyecto generó en su día una fuerte polémica en la ciudad (inicialmente la torre más alta iba a superar los 40 pisos, pero se ha tenido que rebajar por exigencias de Aena) y centró buena parte del debate de la campaña electoral de las municipales de 2007. La oposición y muchos colectivos ciudadanos de la zona, con una alta densidad de población, siempre han defendido que los terrenos de los depósitos de Repsol se convirtieran en un gran parque, del que adolece además la ciudad.

El de Repsol no es el único convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Málaga tiene que renegociar y que dejan las arcas municipales sin las expectativas de ingresos. En febrero ya revisó con la inmobiliaria espacio y Unicaja el convenio para los dos edificios de 30 plantas en Martiricos, de formas que los 11,6 millones de euros que estaban pendientes de pago, se abonarán varios plazos hasta 2017. El Consistorio mantiene también conversaciones con Endesa para revisar el convenio para el desarrollo del otro gran espacio emblemático contemplado en el PGOU, en los terrenos de la antigua térmica al final del paseo marítimo de poniente, donde se programaron varios edificios con 773 viviendas, comercios y oficinas por el que la propietaria debía pagar 58 millones de euros.