Víctimas de un gesto político

El conflicto abierto el pasado mes de marzo, entre los pescadores de Algeciras y La Línea de la Concepción y el Ejecutivo de la colonia británica de Gibraltar por la actividad de 70 pequeños pesqueros en aguas próximas al Peñón, mantiene a unas 300 familias de ambas localidades gaditanas en una situación que los afectados no dudan en calificar como "límite". La decisión del Gobierno gibraltareño de impedir la pesca a estas embarcaciones en las aguas en las que lo han venido haciendo durante años supone un verdadero drama para la mayoría de estas familias, porque como bien recuerdan algunos de ...

El conflicto abierto el pasado mes de marzo, entre los pescadores de Algeciras y La Línea de la Concepción y el Ejecutivo de la colonia británica de Gibraltar por la actividad de 70 pequeños pesqueros en aguas próximas al Peñón, mantiene a unas 300 familias de ambas localidades gaditanas en una situación que los afectados no dudan en calificar como "límite". La decisión del Gobierno gibraltareño de impedir la pesca a estas embarcaciones en las aguas en las que lo han venido haciendo durante años supone un verdadero drama para la mayoría de estas familias, porque como bien recuerdan algunos de los pescadores afectados, "en la mar, si no se pesca, no se gana".

Los armadores y pescadores de estos 70 barcos, que desde mediados del mes de marzo —cuando el Gobierno de Gibraltar decidió romper unilateralmente el acuerdo suscrito con los representantes del sector en 1999— no pueden ejercer su actividad con la normalidad con que lo venían haciendo hasta entonces, viven en una situación de incertidumbre y hasta penuria económica. Los patrones mayores de las cofradías de pescadores de Algeciras y La Línea han cifrado en más de 60.000 euros las pérdidas de estos barcos. "Los armadores son los que están pagando los seguros sociales a los tripulantes y a eso hay que sumar que el mantenimiento del barco supone un coste, además del combustible", asegura el patrón mayor de la cofradía algecireña, Esteban López.

“Apelan a las normas medioambientales, pero nos dejarían faenar si pagamos”

Las traíñas que realizan su actividad en las aguas próximas a Gibraltar son embarcaciones de poco tonelaje, de entre 10 y 16 metros de eslora, y en las que habitualmente suelen viajar entre cinco y diez tripulantes. Se dedican a la pesca de jureles, caballas, salmonetes y concha fina; para lo que utilizan las artes de trasmallo, palangre y redes de cerco. La legislación medioambiental gibraltareña prohíbe el uso de estas redes en su litoral desde 1991.

El armador del Unión Vázquez Blanco, Juan Manuel Vázquez, uno de los barcos más grandes de cuantos faenan en esta zona y que puede cargar hasta 12 toneladas de pescado, sostiene que esta situación no se puede soportar por mucho tiempo: "Nos está costando el dinero a los armadores y los pescadores están llevando a su casa lo justo para comer y, en algunos casos, ni eso". El armador se queja de que, en su opinión, la colonia tenga "tanto poder" ante España. "Si ellos salen a nuestras ventas, a nuestros parques naturales y por nuestras carreteras, ¿por qué nosotros no podemos faenar en las aguas en las que siempre lo hemos hecho y que, además, son de España?", se pregunta.

Los pescadores dicen que saldrán a faenar pese al riesgo de ser detenidos

"Todo esto se debe a intereses políticos y, ante eso, no podemos hacer nada", afirma Andrés Jarauta, patrón de La Joaquina. El patrón de esta traíña, cuyos costes mensuales ascienden a 5.000 euros, salga o no a faenar, ve contradicciones en los argumentos de la colonia. "Por un lado, Gibraltar quiere que se preserve su litoral, convirtiéndolo en Parque Natural y evitando que nosotros pesquemos y, por otro, permite que los grandes petroleros claven las anclas para hacer bunkering [trasvase de combustible] en la misma zona". "No quieren que pesquemos porque dicen que incumplimos las normas medioambientales pero, sin embargo, sí están dispuestos a dejarnos faenar si pagamos una licencia", añade Jarauta.

Hay quien incluso llega más lejos y no teme a un enfrentamiento con las patrulleras de la policía gibraltareña, tal y como ya ha sucedido en algunas ocasiones. Lucas Martínez, armador del Cabo Negro, pone el foco sobre la actitud de las autoridades españolas frente al conflicto. "Si nos piden un permiso para pescar, que nuestro Gobierno se lo pida a ellos para salir a disfrutar de todos nuestros servicios".

A medida que pasan los días y sus economías se deterioran, la postura de pescadores y armadores se radicaliza. "Gibraltar no tiene aguas y nosotros debemos pescar donde haya pesca. No se puede negociar nada con quien no tiene nada y si viene la lancha de la policía de Gibraltar, esperaremos hasta que llegue la Guardia Civil".

Los representantes del sector pesquero aguardan con cautela al 3 de mayo, fecha en la que se ha fijado una nueva reunión con la colonia. Mientras tanto, pescadores y armadores anuncian que, en cuanto el tiempo lo permita, volverán a las aguas donde siempre han pescado para realizar lo único que saben hacer: pescar.