El CES vasco y las normas fiscales
Las Normas Forales fiscales escapan al informe preceptivo del CES vasco
Dentro del entramado institucional socio-laboral, Euskadi cuenta con el Consejo Económico y Social (CES), organismo que hace posible la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sentido, entre sus funciones, al CES vasco le corresponde informar con carácter preceptivo los proyectos de ley relacionados con la política económica y social del País Vasco. A nadie se le escapa que la fiscalidad —es decir el sistema impositivo— constituye una herramienta básica y esencial de toda política económic...
Dentro del entramado institucional socio-laboral, Euskadi cuenta con el Consejo Económico y Social (CES), organismo que hace posible la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sentido, entre sus funciones, al CES vasco le corresponde informar con carácter preceptivo los proyectos de ley relacionados con la política económica y social del País Vasco. A nadie se le escapa que la fiscalidad —es decir el sistema impositivo— constituye una herramienta básica y esencial de toda política económica. Pese a ello, debido a la singular arquitectura político-institucional de nuestra Comunidad Autónoma, las normas fiscales nos están sometidas a informe preceptivo por parte del Consejo Económico y Social Vasco.
En efecto, en Euskadi, son los órganos forales de los Territorios Históricos (Juntas Generales y Diputaciones forales) quienes ostentan la competencia para establecer y regular los tributos, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y la Ley del Concierto Económico. En Euskadi los impuestos se aprueban mediante Normas Forales, unas fuentes normativas que si bien formalmente tienen naturaleza reglamentaria, materialmente, cumplen exactamente la misma función que las Leyes, lo cual resulta claro si tenemos en cuenta que la tributaria es una materia sobre la que pese al principio constitucional de reserva de ley. Para reforzar la posición de las Normas Forales fiscales en el subsistema vasco de fuentes del derecho, la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial estableció que dichas normas fiscales únicamente pueden ser enjuiciadas ante el Tribunal Constitucional, y no ante la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa. Sin embargo, a pesar de que las Normas Forales fiscales cumplen exactamente la función de las Leyes, no están sometidas, en ninguna fase de su tramitación, a informe del Consejo Económico y Social Vasco.
A nivel del Estado, el CES estatal dictamina los anteproyectos de Leyes fiscales (véase, por ejemplo, el Dictamen nº 5/2006 del Consejo Económico y Social de 2 de marzo de 2006, sobre el anteproyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación de parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Patrimonio).
Como hemos señalado, las Normas Forales fiscales escapan al informe preceptivo del CES vasco, lo cual no es en absoluto razonable desde el punto de vista de la participación social. Con ocasión de la reforma de la Ley que regula el Consejo Económico y Social vasco, el grupo juntero del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa presentó una iniciativa instando a las autoridades competentes a introducir las modificaciones legislativas necesarias para que las Normas Forales fiscales estuviesen sometidas, en fase de proyecto, al Informe preceptivo del Consejo Económico y Social. La iniciativa no ha prosperado. El PSE-EE se quedó solo en su defensa. Esperábamos la oposición de PNV y PP, pero sinceramente no esperábamos el voto contrario de Bildu y menos sus argumentos basados en una foralismo rancio y apolillado. Bildu ha hecho de la participación el buque insignia de la legislatura, pero se ha evidenciado que su discurso sobre participación es hueco y una auténtica farsa. Hemos perdido la oportunidad de dar un paso hacia una democracia más participativa y a que las nuestras normas-leyes fiscales, sean objeto de estudio y dictamen por el órgano autonómico que hace posible la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco, también en la de sus territorios históricos.
Artículo firmado por Rafaela Romero Pozo, Julio Astudillo Rodrigo y Mikel Antxon Arrizabalaga Brusín, junteros del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa y miembros de la Comisión de Hacienda.