El PSC pone trabas, por ahora, a que la Sindicatura audite la ACM

Convergència i Unió encontró ayer un aliado en su intento de mantener la Asociación Catalana de Municipios (ACM) alejada de fiscalización pública. La propia entidad rechazó la semana pasada enviar sus presupuestos a la Sindicatura de Cuentas. Iniciativa, que lo había propuesto en la junta de portavoces de la asociación, lo intentará por la vía parlamentaria, registrando una petición para que la Sindicatura revise las cuentas de la ...

Convergència i Unió encontró ayer un aliado en su intento de mantener la Asociación Catalana de Municipios (ACM) alejada de fiscalización pública. La propia entidad rechazó la semana pasada enviar sus presupuestos a la Sindicatura de Cuentas. Iniciativa, que lo había propuesto en la junta de portavoces de la asociación, lo intentará por la vía parlamentaria, registrando una petición para que la Sindicatura revise las cuentas de la ACM. Esquerra y Partido Popular se sumaron a la propuesta. El Partit dels Socialistes, por ahora, la rechaza. Los socialistas esgrimen que prefieren esperar a escuchar las explicaciones de uno de los implicados en las irregularidades de la ACM, el actual secretario general de Cultura Xavier Solà, forzado a comparecer en el Parlament con el voto del PSC. También confían en que la asociación recapacite y envíe sus cuentas a la Sindicatura sin ser forzada por el Parlament. Así que, de momento, no secundan la proposición de ICV. Su negativa, junto a la previsible de CiU, impiden la mayoría para forzar la auditoría pública.

La ACM se nutre de dinero público —aportaciones de los Ayuntamientos y de la Generalitat— pero funciona como una entidad privada, por lo que no está obligada a ser fiscalizada por la Sindicatura. Sin embargo, la ley permite revisar, a petición del Parlament, todas aquellas entidades que reciben dinero público. A ello se aferra Iniciativa: “Es necesario dejar clara la gestión de la ACM, y que no haya ningún tipo de duda de lo que se pueda haber hecho. Una auditoría de estas características lo debe revelar, si hubo mala utilización de los fondos públicos que nutren la ACM y si esta actitud ha sido prolongada”, detalló la portavoz ecosocialista, Dolors Camats.

El grupo de ICV-EUiA reclama auditar de 2003 y 2011, durante los cuales fue coordinador general de la institución Josep Maria Matas, que facturó casi un millón de euros a la ACM por conceptos irregulares. También recoge el período en los que Solà logró para una empresa suya una promoción inmobiliaria de la Fundación de la ACM, presidida por el propio Solà.

El portavoz adjunto de ERC, Oriol Amorós, anunció el apoyo de su grupo a ICV, pero resaltó la importancia de la investigación abierta por la Fiscalía por el 'caso Matas'. El PP quiere llegar hasta el fondo del caso y, aparte de sumarse a la proposición, apoyará a Iniciativa para pedir la comparecencia en el Parlament del su presidente, Miquel Buch.