Thais de Picaza se libra de prisión pero pagará un millón en multas

Thais de Picaza, la viuda del empresario José Malvar, tendrá que pagar un millón de euros en multas e indemnizaciones al Estado por la venta fraudulenta del Grupo Malvar a Obrascon Huarte Laín (OHL) pero no cumplirá pena de prisión al condenarla el tribunal a un año de cárcel y carecer de antecedentes penales. La juez considera que se cometieron dos delitos, uno por el impuesto de sociedades y otro de falsedad en documentos mercantiles, y que para eliminar en tributaciones los beneficios de la venta de la constructora solo se contabilizaron gastos y pérdidas. Así, se simularon obras realizadas...

Thais de Picaza, la viuda del empresario José Malvar, tendrá que pagar un millón de euros en multas e indemnizaciones al Estado por la venta fraudulenta del Grupo Malvar a Obrascon Huarte Laín (OHL) pero no cumplirá pena de prisión al condenarla el tribunal a un año de cárcel y carecer de antecedentes penales. La juez considera que se cometieron dos delitos, uno por el impuesto de sociedades y otro de falsedad en documentos mercantiles, y que para eliminar en tributaciones los beneficios de la venta de la constructora solo se contabilizaron gastos y pérdidas. Así, se simularon obras realizadas y también la compra de maquinaria.

Según la sentencia, se hicieron constar como pérdidas lo que había sido pactado entre Thais de Picaza y la empresa OHL. Esta operación consistió en realidad en la entrega de bienes de la sociedad patrimonial creada por Picaza, San Cucufato, a Construcciones Malvar, a cambio de sus acciones. La transmisión de la constructora a OHL se hizo al precio simbólico de una peseta, cuando en realidad el valor del traspaso de acciones y patrimonio era superior a dos millones de euros.

El fallo señala que el negocio realmente efectuado fue una donación patrimonial de San Cucufato a OHL, por lo que no procede declarar ninguna pérdida derivada de la misma, ya que se produce un negocio oneroso entre el vendedor y el comprador por el que no se tributó a Hacienda. El fiscal ya había solicitado una rebaja de la condena de cuatro años de prisión a un año y 10 meses aunque mantuvo la indemnización en 706.000 euros y recortó la multa de un millón a medio.