El exalcalde de Vall de Laguart niega irregularidades urbanísticas
La acusación particular eleva a diez años la pena de prisión solicitada para el exalcalde. El juicio fue suspendido en dos ocasiones anteriores
El exalcalde de Vall de Laguart Juan José Puchol, que ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia de Alicante por falsedad documental y un delito continuado contra la ordenación territrial, negó esta acusación y aseguró que “todo un PGOU no puede ser tramitado sólo en sesiones plenarias”.
“Todo estaba hablado por el Ayuntamiento, los concejales y los técnicos aunque no fuera aprobado en pleno”, dijo el exregidor ante la sala de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante. Puchol se refirió así al escrito del fiscal en el que se le acusa de haber remitido un informe y un plano a la ...
El exalcalde de Vall de Laguart Juan José Puchol, que ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia de Alicante por falsedad documental y un delito continuado contra la ordenación territrial, negó esta acusación y aseguró que “todo un PGOU no puede ser tramitado sólo en sesiones plenarias”.
“Todo estaba hablado por el Ayuntamiento, los concejales y los técnicos aunque no fuera aprobado en pleno”, dijo el exregidor ante la sala de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante. Puchol se refirió así al escrito del fiscal en el que se le acusa de haber remitido un informe y un plano a la Dirección General de Urbanismo donde pidió cambios del planeamiento local que “no habían sido acordados” previamente por el pleno.
Uno de estos cambios hacía referencia, según la acusación pública, a la eliminación de un vial que discurría por una parcela del entonces alcalde para crear otro cuyo trazado afectaba a unos terrenos próximos propiedad del padre del denunciante, de Puchol antecesor en el cargo.
Con esta última familia, según el fiscal, Puchol mantenía “una enemistad manifiesta”, si bien el acusado negó este extremo y lo enmarcó en una “rivalidad política”. El acusado, que fue alcalde entre 1995 y 2009, los dos primeros mandatos por Esquerra Unida (EU) y a partir de 2003 por el PSPV-PSOE, explicó que la eliminación del citado vial correspondía a una cuestión de ahorro económico en cuanto a “los costes de ejecución” y que esta fue apoyada por los técnicos.
La acusación particular eleva a diez años la pena de prisión solicitada para el exalcalde. El juicio, que arrancó ayer, fue suspendido en dos ocasiones anteriores.