El sector público pretende hacerse con la fábrica de Visteon

Las administraciones públicas están dispuestas a recuperar la titularidad de los suelos y la fábrica de Visteon en El Puerto de Santa María (Cádiz). La condición básica para asumir ese compromiso es que la empresa de componentes de automoción, que ha anunciado concurso de acreedores y pretende liquidar la factoría este año, ceda estos activos de manera gratuita.

“Lo tiene que aclarar antes de que nosotros nos decidamos”, ex...

Las administraciones públicas están dispuestas a recuperar la titularidad de los suelos y la fábrica de Visteon en El Puerto de Santa María (Cádiz). La condición básica para asumir ese compromiso es que la empresa de componentes de automoción, que ha anunciado concurso de acreedores y pretende liquidar la factoría este año, ceda estos activos de manera gratuita.

“Lo tiene que aclarar antes de que nosotros nos decidamos”, expresó ayer en nombre de todas las instituciones públicas el consejero de Gobernación, Francisco Menacho. Esta es la principal conclusión del encuentro mantenido por la Junta con el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, y el presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza, ambos del PP. A pesar de los recelos iniciales de unir a gobiernos de diferente signo político, hubo entendimiento. El encuentro se zanjó en apenas una hora.

El acuerdo recoge la principal demanda de los trabajadores de la planta, que ya se muestran dispuestos a dialogar con la empresa sobre la finalización de sus contratos, si se hace firme la cesión de la planta. La factoría tiene 70.000 metros cuadrados y los terrenos colindantes 200.000 metros. Las administraciones se harían cargo de esos activos hasta la llegada de un inversor.

Visteon anunció en 2011 su intención de cerrar su factoría de El Puerto, lo que suponía acabar con 400 empleos en la bahía gaditana. Desde entonces se ha encontrado con la oposición de la Consejería de Empleo, que se ha negado a autorizar el expediente de regulación de empleo presentado y que ha sancionado a la compañía por no pagar ni dar trabajo efectivo a sus operarios desde hace cuatros meses. La empresa argumentó su cierre en la pérdida de clientes y la crisis, a pesar de que el grupo ha admitido haber obtenido beneficios en los primeros meses del año.

Los trabajadores llevan meses de movilizaciones. La más reiterada es la de que la Junta de Andalucía se haga cargo de los activos de la factoría, en una solución similar a la que se tomó en su día con Santana en Jaén o el circuito de Jerez. Pero, hasta esta semana, el Gobierno andaluz se había negado al considerar que las circunstancias económicas impiden a la administración hacerse con activos privados o plantear programas de ayuda, como en su día se hizo con la extinta Delphi.