Crónica de la intensidad argentina

Quien haya pasado por la Argentina tan solo algunos días, o tenga algún tipo de relación de confianza con alguien que vive allí, puede, sin temor a equivocarse, afirmar que la Argentina es un país intenso. Esa intensidad histórica ha tenido en los tiempos de las redes sociales y pospandemia, una aceleración que convive con una nueva crisis económica que, arrastrada por años sin solución, promete sea cual sea su desenlace, agregar una capa más de excluidos a un país que de a poco va perdiendo su clase media, aunque no sus aspiraciones.

En este contexto, la presidencia de Javier Milei en la Argentina ha marcado un cambio drástico no solo en la política interna, sino también en la percepción internacional del país. Desde su asunción, y manteniendo el enfoque confrontativo, radical y disruptivo de su campaña, Milei ha implementado una serie de reformas económicas profundas y ha tomado decisiones políticas que han polarizado aún más a la sociedad argentina. Su enfoque de “terapia de shock”, que recuerda a las políticas implementadas durante los años noventa en el país y que llevaron a la crisis social y política del 2001, incluyen recortes significativos en el gasto público y medidas de liberalización económica, con la promesa de transformar profundamente la estructura económica y social de la nación.

Milei ha promovido activamente la desregulación, el achique de la estructura estatal y un movimiento hacia la dolarización como soluciones para combatir la inflación y estimular la inversión. Sin embargo, estas medidas han generado preocupación entre aquellos que temen que puedan exacerbar la desigualdad de ingresos y debilitar la red de seguridad social en la que muchos argentinos dependen. La devaluación significativa del peso ha aumentado la inflación, lo que plantea preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de su modelo económico, incluso entre economistas ortodoxos, como el exministro de Economía Domingo Cavallo, quienes se han expresado públicamente con preocupación.

Los sindicatos y movimientos sociales, tradicionalmente fuertes y organizados han reaccionado de manera adversa a lo que perciben como un ataque a los derechos laborales y la seguridad social. Las movilizaciones recientes, que han visto a cientos de miles de personas salir a las calles, son una manifestación de este descontento. Estas no solo están motivadas por los recortes y las políticas económicas, sino también por una sensación generalizada de que el Gobierno no está atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que va de la presidencia de Milei, ya han sido cuatro las movilizaciones sociales que se han extendido por todo el país y han convocado a una variedad de manifestantes que van más allá de los tradicionalmente movilizados: el 24 de enero convocados por la Confederación General del Trabajo, el 8 de marzo la movilización de mujeres, el 24 de marzo en conmemoración al golpe de Estado de 1976, y la más reciente Marcha universitaria Federal del 23 de abril, que llamo la atención por su transversalidad, convocatoria y presencia de manifestantes no encolumnados bajo ninguna bandera más que la defensa de la educación pública y el sistema científico tecnológico. La respuesta del gobierno a estas protestas, que ha sido en gran medida de desdén o confrontación, solo ha servido para amplificar las voces de los manifestantes y solidificar aún más la resistencia.

A nivel político, la falta de una mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional ha llevado a Milei a emitir un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que ha sido objeto de desafíos legales y acusaciones de inconstitucionalidad, y al fracaso de la Ley Ómnibus, cuya versión recortada y acotada será tratada este lunes nuevamente con destino incierto.

El enfoque de Milei también ha afectado las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias, con recortes en las transferencias discrecionales y la inversión en infraestructura y gasto social que han deteriorado estas relaciones. Estos desafíos resaltan la necesidad crítica de reformar el federalismo fiscal en Argentina, un tema que ha sido largamente evitado, pero que es crucial para la estabilidad económica y la cohesión social del país.

En este contexto, sin embargo, la respuesta social a las políticas de Milei está polarizada. Las encuestas vienen mostrando en los últimos dos meses que una parcialidad aplaude sus esfuerzos por desmantelar un sistema que ven como corrupto e ineficiente, mientras que la otra manifiesta preocupación por las medidas de austeridad y la aparente indiferencia hacia los desafíos enfrentados por los más pobres. Un nuevo capítulo de la grieta argentina. Las apariciones públicas de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto donde el descontento social no encuentra representación política, es percibida por algunos analistas como un vehículo para canalizarlo. Pero hay una mirada alternativa a esta lectura, que ve un límite en su figura y que ayuda a mantener vivo el fracaso del último gobierno peronista como la justificación de la victoria del primer presidente liberal-libertario de la historia el pasado 19 de noviembre de 2023.

A nivel internacional los observadores están atentos a los movimientos de Milei, preguntándose si su presidencia traerá una nueva era de prosperidad para Argentina o la empujará hacia un mayor aislamiento. Este es, tal vez, el gran interrogante aún sin respuesta.

Una nueva Ley Ómnibus en el horizonte

En este escenario, y mientras el DNU 70/2024 que desregula importantes dimensiones de la economía nacional sigue vigente (en partes, puesto que algunas han sido declaradas inválidas por la Justicia), ya que el Congreso no logra construir los acuerdos para darlo de baja, el Gobierno logró el pasado viernes 26 de abril el dictamen para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados una segunda versión de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Esta nueva propuesta oficialista, más acotada y negociada que la anterior, declara sujetas a privatización a algunas empresas públicas y establece reformas en el mercado laboral, como la ampliación del período de prueba o la creación de un fondo de cese laboral.

Pero el escenario político en el Congreso argentino es complejo y desafiante. Milei, a pesar de su victoria presidencial, no cuenta con una mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, lo que complica significativamente la aprobación de su ambiciosa agenda legislativa. De hecho, en ninguna de las dos cuenta con más de un tercio de los legisladores.

La situación en la Cámara de Diputados es particularmente fragmentada. La coalición de Milei, La Libertad Avanza, aunque ha aumentado su representación por pases y acuerdos con otras fuerzas, especialmente con el ala más dura del PRO, sigue siendo una fuerza reducida dentro de un espectro más amplio de partidos políticos. Con la primera minoría mantenida por la peronista Unión por la Patria, seguida de cerca por los partidos que integraban Juntos por el Cambio, no hay un bloque que posea quórum propio. Esto significa que, para avanzar sobre cualquier legislación significativa, el Gobierno debe negociar y formar alianzas con al menos algunos de sus opositores, lo cual es una tarea desafiante dada la polarización actual, las resistencias ideológicas, y las manifestaciones públicas no solo desafiantes sino muchas veces irrespetuosas del actual mandatario respecto de quienes no muestran un alineamiento marcial con sus ideas.

En el Senado, la situación es igualmente complicada. Unión por la Patria se convierte en la primera minoría, y aunque está cerca de alcanzar el quórum propio con el apoyo de aliados provinciales, la coalición de Milei se encuentra en una posición aún más débil que en la Cámara de Diputados. Esto complica aún más la capacidad de Milei para impulsar reformas profundas sin hacer concesiones significativas a otros bloques, que pueden tener agendas muy diferentes o incluso opuestas.

Aunque la Ley Bases avanzara en su proceso y finalmente llegara al Senado, la sociedad, la política y la economía muestran signos de agotamiento y hartazgo, ya que el país está estancado en debates mientras la inflación disminuye, pero empeoran todos los demás indicadores económicos, especialmente aquellos que se vinculan con el día a día de la ciudadanía.

Las recientes movilizaciones callejeras en un momento crucial de las negociaciones de la Ley Bases, fortaleció a la oposición más radical y agotó la paciencia inclusive de quienes hasta ahora habían demostrado una disposición a colaborar. Es en este contexto donde nace la visión de que la aparición de la expresidenta, en lugar de contribuir a debilitar al gobierno, mantiene vivos los fantasmas que permiten patear para adelante una situación económica que no tiene visos de mejora.

Argentina continúa enfrentando una situación económica precaria caracterizada por alta inflación, recesión e incipientes indicios de un creciente desempleo. La capacidad del Gobierno para estabilizar la economía y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos será un factor decisivo en las próximas semanas, porque en un país intenso tras años de crisis sin solución, el éxito o el fracaso depende de horas y no de meses.

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