La boda prohibida de Valentina

Es una lluviosa tarde de octubre de 2020 y, mientras en la capital salvadoreña la legislatura lleva más de una década enfrentada por un proyecto de enmienda a la Constitución para establecer que solo “hombre y mujer así nacidos” tengan derecho a contraer matrimonio, en un tranquilo y alejado caserío en la zona rural del oriente de El Salvador, una persona a la que sus padres asentaron como Walter Vigil en 1988 tiene razones para celebrar: acaba de casarse con Gabriel.

Hace tiempo ya que Walter dejó de ser Walter. Un día pudo tomar las riendas de su vida y decidió luchar por cumplir algunos de sus anhelos y por sus derechos. Por eso, esa tarde, Walter desafía al sistema y protagoniza su sueño de unirse en matrimonio con Gabriel, a quien considera el amor de su vida. Aunque en realidad, Walter ya no es Walter, sino Valentina, la persona que hace años asumió que es, más allá de cómo la asentaron en el registro civil. Y su boda en realidad es un simulacro, una representación significativa y poblada de emociones, pero despojada de legalidad en un país donde los congresistas suelen invitar a pastores y sacerdotes a presidir actividades de Estado, y donde una comisión especial de la Presidencia ha convocado en 2021 a las instituciones religiosas para consultarlas sobre eventuales reformas a la Constitución.

Con aquella ceremonia simbólica, Valentina culminó un ciclo de 17 años desde el momento en que decidió, en su adolescencia, asumirse como mujer. Y aunque al inicio sufrió de la incomprensión de algunas personas en su familia, nunca dejaron de apoyarla. Incluido su padre, un exmilitar de las fuerzas especiales del Ejército.

La boda de Valentina choca con la disposición del Código de Familia que considera nulo un casamiento celebrado entre “personas del mismo sexo”. El Salvador no ha legislado el matrimonio entre personas del mismo sexo y todavía se rehúsa a reconocer el derecho de las personas a reclamar su propia identidad de género. Pero, frente a la remota posibilidad de que el país pueda un día aprobar una ley que les permita asumir su identidad, y aunque la Constitución establece que las relaciones familiares provienen de la unión entre “varón” y “mujer”, grupos ultraconservadores temen que, eventualmente, eso pueda abrir la puerta al matrimonio entre personas que no sean “hombre y mujer así nacidos”, y desde 2005 han intentado incluir el candado de esa redacción precisa en el artículo 33 de la Constitución.

Valentina, que ya cumplió 32 años, sabe que no puede casarse de forma legal con Gabriel Juárez, de 19, y por eso optó por realizar la ceremonia simbólica en un caserío rural del departamento de San Miguel. “Me siento frustrada porque no podemos hacer esto de forma legal. No tenemos los beneficios a los que tienen acceso los matrimonios de un hombre y una mujer”, dice.

Lo que señala Valentina, el goce de algunos derechos propios de parejas unidas legalmente, es lo que constituye el fundamento de la lucha que iniciaron otros grupos defensores de derechos humanos, pues entienden que la Constitución no prohíbe matrimonios como el que desean Valentina y Gabriel. Pero la Asamblea Legislativa ha omitido legislar sobre estas uniones y el Código de Familia parece ser un obstáculo para hacerlo.

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), cree que hay una violación al principio de igualdad ante la ley y que, al no legislar sobre estas uniones, a las personas se les impide ejercer algunos de sus derechos. “Si hay una unión matrimonial o civil, automáticamente a los cónyuges se les reconoce una serie de obligaciones y derechos que son jurídicamente exigibles y respetables”, explica. Como ejemplo menciona los derechos que surgen en los ámbitos de la herencia, de la protección, y de la seguridad social.

El reconocimiento de las uniones legales de las personas homosexuales o trans va más allá de beneficios civiles como el seguro médico o la sucesión de bienes. Bianka Rodríguez, directora de la organización activista Comcavis Trans, señala que, por ejemplo, las uniones entre personas del mismo sexo no tienen acceso a la justicia para casos como los de violencia entre parejas. Pero lo peor, para Rodríguez, es que El Salvador no solo está muy retrasado en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ, sino que con el gobierno de Nayib Bukele se advierte una parálisis en el Ejecutivo respecto de la labor que venían desarrollando los gobiernos previos; es decir, que hay riesgo de retroceso. Para sostener su punto cuenta que, un día después de su toma de posesión, Bukele anunció la desarticulación de la Secretaría de Inclusión Social, que alojaba la Dirección de Diversidad Sexual.

“Este fue un mensaje claro de que el tema de derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales no tenía prioridad para este gobierno”, explica la activista: “Ya se tenían planes de trabajo, políticas avanzadas, espacios de interlocución con las instituciones del Estado”. Todo eso hoy tiene un futuro incierto.

Amaral Gómez, académico especialista en género y sexualidad, lo dice claro: es, en el fondo, una discriminación clara por razón de orientación sexual. Algo que, en teoría, está prohibido por distintos instrumentos de derechos humanos que El Salvador se ha comprometido a respetar. El hecho de que en el país las personas del mismo sexo se vean obligadas a realizar simulacros de boda y no un matrimonio real, evidencia altos niveles de discriminación social e institucional. “El Salvador se ve retrasado dentro de un conjunto de naciones que, en un proceso civilizador, otorgan derechos en iguales condiciones a todas las personas independientemente de su orientación sexual”, razona.

Valentina dice que su boda con Gabriel constituyó un reclamo por sus derechos. “Somos seres humanos y tenemos derecho a formalizar ante el Estado nuestra relación, igual que todos”.

Aceptación y transformación

La boda de Valentina tomó por sorpresa a los residentes del caserío El Carreto, en las faldas del volcán de San Miguel. Recibió a sus invitados con un llamativo vestido blanco hueso, una tiara de brillantes y sus zapatos favoritos, con los que caminó entre familiares, amigos, vecinos, y miembros de la comunidad LGBTIQ a través de un patio azotado por el aguacero.

Costumbre de una fiesta de pueblo, vecinas y amigas de la pareja llegaron a cocinar en grandes ollas desde muy temprano. El menú elegido —pollo guisado y arroz— se cocinó sobre hornillas improvisadas, colocadas en el piso de tierra de esa casa donde Valentina creció junto a su abuela y su tía.

Valentina nació el 4 de octubre de 1988 y fue registrada como Walter Vigil. Su padre, José Moisés Herrera, servía en las fuerzas especiales de la Fuerza Armada y se encontraba luchando en la guerra civil que dejó unos 75.000 muertos. Cuando José supo del nacimiento de su primogénito por medio de un mensaje triangulado de su madre a la brigada, y de la brigada por medio de radio transmisor al campo de batalla, llegó a sentir que cualquier peligro relacionado con la guerra era poco frente a la alegría de tener un hijo varón.

José conoció a su hijo dos meses después de nacido: la campaña militar le impedía volver con frecuencia a su hogar. Los primeros dos años de vida de Walter fueron similares a esos dos meses: un padre ausente por la guerra y una madre, Reina Amparo Vigil, con muchas necesidades. Eso obligó a Reina a emigrar a los Estados Unidos, como hicieron miles de salvadoreños a finales de los ochenta. Entonces el pequeño de apenas 15 meses quedó a cargo de su abuela Erlinda y de su tía Mabel, hermana de Reina.

No se reencontró con su madre hasta que tuvo 7 años, cuando ella volvió de Estados Unidos. Vivieron juntas ocho años y Valentina recuerda que su madre empezó a notar que su Walter prefería jugar con las niñas y evitaba las actividades usuales de los niños de su edad. Su padre, quien también volvió a vivir con Reina a su regreso de Estados Unidos, la regañaba por su conducta “afeminada” y en más de una ocasión la castigó, recuerda Valentina.

Reina desarrolló leucemia y murió cuando Valentina tenía 15 años, y nuevamente quedó bajo el cargo de su tía y su abuela, con el consentimiento de su papá, quien después de la muerte de Reina volvió a formar una familia y tuvo otro hijo y una hija.

Valentina descubrió desde muy corta edad que sus preferencias eran diferentes a las de la mayoría de niños. El respeto a su madre la mantuvo en silencio durante todo ese tiempo. Pero luego de la muerte de Reina se atrevió a mostrar en público, primero a su familia, y luego a sus amigos, cómo era realmente.

Una a una fue comprando prendas femeninas, que su abuela incluso llegó a quemar para rechazar su decisión de expresar su identidad.

Valentina decidió dejar la escuela porque estaba segura de que ahí no le permitirían ir a clases vestida como niña. Fue entonces cuando comenzó con el proceso de hormonización para transformar su cuerpo, a pesar del peligro que significaba para su salud someterse al procedimiento sin supervisión médica. Hoy ella lo ve claro: dice que renunció al derecho a buscar apoyo médico por temor a un rechazo adicional a la discriminación que ya sufría.

La vulneración de otros derechos

Escalante toma el ejemplo de Valentina y el sinnúmero de barreras y cadenas que la sociedad le ha puesto para explicar que, con mucha frecuencia, a las personas a quienes se les discrimina por su identidad de género, se les vulneran derechos en numerosos ámbitos de la vida: en su integridad personal, sexual, en sus derechos económicos, culturales, educativos, de vivienda y de salud.

Para los defensores de derechos humanos, las brechas a las que se expone la población LGBTIQ, y que se agudizan según su origen socioeconómico, son solo la punta de lanza. Negarles la posibilidad de unirse legalmente y con pleno reconocimiento de derechos con otra persona del mismo sexo agrava su situación: “El Estado, en vez de proteger la dignidad, la afecta de sobremanera”, señala Escalante.

Los activistas coinciden en que el Estado, en lugar de plantear la posibilidad de reformas que ayuden a disminuir estas brechas, formulan procesos que aumentan esa desigualdad. Para muestra, la solicitud de reforma al artículo 33 de la Constitución que fue impulsada por sectores conservadores en varias ocasiones para ser aprobada.

La primera idea de esa reforma surgió en un avión que regresaba de Roma en 2005.

Uno de los pasajeros de ese vuelo, diputado salvadoreño, regresaba de una reunión con Joseph Ratzinger, entonces papa Benedicto XVI. Hablaron de igualdad, familia y matrimonio. Sembraron la semilla del que podría convertirse en el candado definitivo a la unión igualitaria en El Salvador.

Rodolfo Parker, exdiputado por el Partido Demócrata Cristiano, participó en esa reunión con el papa junto a 12 representantes de partidos similares de África, Europa y América. Parker aprovechó las largas horas del vuelo de regreso a El Salvador para pensar en el tema de la familia “como base de la sociedad y el matrimonio como fundamento de la familia”, y decidió plasmar sus ideas en un papel, cuyas líneas se convirtieron en el primer borrador de la propuesta de reforma al artículo 33 de la Constitución. Parker afirma que así es cómo nació el proyecto de enmienda y asegura que nunca tuvo la intención de que se volviera una bandera electoral.

“Fui yo el que presentó la primera reforma constitucional en dirección de reafirmar, en una forma explícita, a nivel de norma primaria, que el matrimonio es entre hombre y mujer así nacidos”, dice Parker.

Muchas cosas han cambiado desde aquella reunión; entre ellas, que ahora la iglesia Católica está dirigida por un nuevo papa, con una línea más flexible en relación con las personas homosexuales. En octubre de 2020, las palabras de Francisco se viralizaron cuando dijo en un documental que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque son hijos de Dios.

Al preguntar al exdiputado Parker si esto no influye para que el Partido Demócrata Cristiano cambie su postura, aclara que él y su partido ahora sostienen la posibilidad de que se haga una reforma legal en la cual se habilite la unión de personas del mismo sexo, pero bajo una denominación distinta al matrimonio porque, según él, “partiendo de un sentido común y antropológico el propósito del matrimonio es la procreación”. Parker no explicó lo del sentido antropológico.

La reforma presentada por el legislador en julio de 2005 fue el primer intento para poner candado al matrimonio igualitario en el país. En aquella ocasión, la legislatura 2006-2009 aprobó la moción, pero esta no se concretó porque la siguiente legislatura no la ratificó. En El Salvador, la ley establece que una reforma constitucional debe ser aprobada por una legislatura por mayoría simple (43 votos) y ser ratificada por la siguiente legislatura por mayoría calificada (56 votos).

Diez años después de la presentación del primer proyecto, el 16 de abril de 2015 se emitió por cuarta vez un dictamen favorable para aprobar esa reforma, que debía ser ratificada en la legislatura 2015-2018.

Pero los meses siguientes, ocho ciudadanos presentaron tres demandas distintas de inconstitucionalidad y, tres años después, el 31 enero de 2018, la Sala de lo Constitucional ordenó al Congreso que se abstuviera de realizar cualquier ratificación de la propuesta, ya que los magistrados consideraron que la legislatura que aprobó la reforma había pasado por encima las fases de diálogo, deliberación pública, informativa y de publicación.

Erick Iván Ortiz, fundador del Colectivo Normal —una organización ciudadana que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ— y excandidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo, considera que inciativas como la de cambiar el artículo 33 de la Constitución incitan al odio y son utilizadas electoralmente contra una población que históricamente ha sufrido exclusión y discriminación.

El investigador académico Amaral Gómez también sostiene que estas propuestas son utilizadas por algunos partidos políticos y legisladores como herramienta proselitista en cada campaña, cuando activan un discurso discriminatorio contra la población homosexual para atraer el voto conservador.

La “boda” de Valentina en octubre de 2020 se realizó exactamente 20 años después de que, en el municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, Raúl Antonio Herrera —conocido como Perla Lins Herrera—, y Cristian Vladimir Chirino, realizaran un acto simbólico al que llamaron “matrimonio”.

Aquella ceremonia causó un eco sensacionalista en los medios de comunicación y en internet aún se puede encontrar una nota periodística publicada por la agencia Associated Press, titulada: Polémica por supuesto matrimonio entre hombres en El Salvador. El casamiento generó incluso que la Fiscalía abriera una investigación en contra de Perla y Vladimir, pero como luego se descubrió que en realidad todo había sido un simulacro como el de Valentina, fueron absueltos.

Valentina no conocía ese precedente. Los meses anteriores a su unión simbólica con Gabriel no fueron fáciles ni para ella ni para él. Como en cualquier casamiento, decidieron encargarse de cada detalle: desde el diseño de los vestidos de las damas de honor hasta las tarjetas de invitación, el pastel y la decoración. Querían sorprender a todos, pero aquella lluvia torrencial disminuyó a la mitad la cantidad de invitados que esperaban y estropeó el acto de entrega de la novia a manos de su hermano menor.

En las vísperas de su boda tuvieron dificultades para dormir y hasta perdieron el apetito. Una semana antes de la ceremonia, Valentina comentó: “Estoy nerviosa porque es un sueño que siempre he tenido. A él se le ha quitado hasta el hambre y hay noches que nos da insomnio por estar pensando que todo salga bien”.

La llave que revisa la Sala de lo Constitucional

En 2016, el Colectivo Normal presentó una demanda en la que pedían a la Sala de lo Constitucional analizar la omisión de la Asamblea Legislativa a la hora de legislar en el tema del matrimonio.

Según los demandantes, el artículo 33 de la Constitución debe ser interpretado de forma extensiva en el sentido que incluye tanto las relaciones conformadas por “un hombre y una mujer”, como por “un hombre y otro hombre” y “una mujer y otra mujer”, de manera que no se prive a las personas LGBTIQ del derecho a conformar una unión familiar.

Tres años después la Sala admitió la demanda, pero aún no ha resuelto.

En el momento en que fue admitida la demanda, se le vinculó una segunda presentada por el ciudadano Hermán Duarte Iraheta, ya que las razones alegadas por ambos demandantes estaban vinculadas.

Mientras tanto, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) propició que se abriera otro debate en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo en Centroamérica, y El Salvador no ha estado exento de esa discusión.

En noviembre de 2017, la Corte IDH le dijo a Costa Rica que debía permitir el matrimonio de personas del mismo sexo. Esta posición la expresó en una “opinión consultiva” solicitada por ese país a raíz de demandas ciudadanas para garantizar este derecho. Con ello Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en permitir el matrimonio igualitario, y el sexto en América Latina junto con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Hay quienes sostienen que, aunque aquella respuesta de la Corte IDH fue a partir de la consulta de un país específico, sus efectos deberían extenderse, forzosamente, al resto de países miembros del sistema interamericano. Para Ortiz, activista del colectivo Normal, esa resolución constituye jurisprudencia y, por lo tanto, es uno de los elementos que integran lo que se considera un sistema de derechos en cualquier país.

Pero para el abogado Rodolfo González, exmagistrado de la Sala, no hay unanimidad sobre el poder vinculante de la opinión de la Corte Interamericana. “Se trata de una opinión, no de una sentencia. No puedo decir que hay un consenso universal de que en esos temas hay violación a derechos y por tanto la jurisprudencia o la legislación tiene que ir en una determinada dirección”.

González fue uno de los 11 magistrados que, en febrero de 2017, avaló que una persona registrada oficialmente con sexo masculino en El Salvador pudiera ser reconocida con un nombre femenino, después de que una corte del Estado de Virginia, Estados Unidos, avalara ese cambio.

Esa resolución significó una pequeña victoria en la batalla por el reconocimiento de los derechos de la identidad para la población trans en El Salvador.

Escalante, del Instituto de Derechos Humanos, asegura que todo lo que tiene que ver con derechos humanos, sobre todo con la ampliación de derechos, debería ser de carácter obligatorio para los países que reconocen la jurisdicción de la Corte IDH, pero lo fundamenta no en una obligación jurídica, sino en un principio de buena fe de los Estados.

Hoy, el escenario legal del matrimonio igualitario es incierto en El Salvador: el 1 de mayo, la nueva legislatura que asumió en el país, controlada por Bukele, destituyó a los integrantes de la Sala de lo Constitucional y eligió a sus nuevos miembros sin respetar el debido proceso, lo cual ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, que ha visto esta acción como una amenaza al Estado de derecho.

La activista trans Bianka Rodríguez considera que el panorama es muy dudoso con las resoluciones de esta nueva Sala. Para Rodríguez, la Sala recién destituida dejó una deuda con la población LGTBI al no resolver sobre el matrimonio igualitario. Aunque el Ejecutivo de Nayib Bukele paralizó desde su inicio los procesos de trabajo que venían desarrollando con las gestiones anteriores, la activista trata de ver el cambio con optimismo: “Esta nueva Sala tendrá la oportunidad de regular derechos que por años se nos han adeudado a las personas LGTBI. El reto será dar esa legalidad a las poblaciones vulnerables, debe retomar y responder a los intereses del pueblo salvadoreño”.

Por ahora, el Gobierno no ha dado muchos motivos para el optimismo: este viernes 14 de mayo, la comisión de la Mujer de la legislatura, conformada por su mayoría por diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, archivó de un solo plumazo la Ley de Identidad de Género junto a 29 expedientes más pendientes de estudio, por considerarlos “obsoletos y no acordes a la realidad”.

La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género criticó la decisión de los nuevos diputados. Esta iniciativa, señalaron en un comunicado, “es un esfuerzo desde las organizaciones trans de la sociedad civil, no responde a una agenda político partidaria, sino al reconocimiento de nuestros derechos”.

En el caserío El Carreto, Valentina sigue casada con Gabriel. Viven solos en una misma casa y ella se gana la vida en un pequeño negocio donde vende arroz, frijoles, pan, artículos de primera necesidad. Mientras, Gabriel teje hamacas y juega al fútbol con los amigos de infancia de Valentina.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.